Algunas facturas del impuesto inmobiliario de Buenos Aires dejaron boquiabierto a los dueños de viviendas que observaron aumentos de hasta el 900 por ciento. La actualización no tuvo discriminaciones e impacto fuertemente en propietarios de casas, departamentos y baldíos.
Viernes 26 de enero de 2018.
La vuelta de las vacaciones no será fácil para los bonaerenses. No por cuestiones de migraciones, para aquellos que pudieron irse al exterior; ni por embotellamientos en rutas, para los que llegaron raspando a despejarse en costas o sierras nacionales. La realidad indica que el dolor de cabeza comenzará cuando se encuentren con la boleta debajo de la puerta de sus hogares con una fuerte suba del revaluó fiscal que aplicó ARBA que llega hasta 900 por ciento.
Según se pudo constatar el aumento en el impuesto a la propiedad recibió una actualización sin precedentes en casas, departamentos y terrenos baldíos. Más allá de ser una cuestión prevista cada 10 años, esta vez la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) hizo un brutal ajuste si se tiene en cuenta que en promedio ha rondado el 56 por ciento.
"La valuación del inmobiliario ha sido actualizada aproximándose al valor de mercado. Para que el revalúo no afecte significativamente a los contribuyentes, se establecieron topes que limitan el incremento del impuesto", aseguraron desde la ARBA.
Por su parte, El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, analizó que los incrementos en el marco del revalúo inmobiliario fueron demasiado altos y expresó su molestia al sentir que "la gente sea siempre la que pague todas las cuentas del Estado".
"Si bien el revalúo se tendría que haber ejecutado antes, no se lo puede aplicar de golpe, sobre todo en un contexto donde el salario de los trabajadores no le gana a la inflación", había advertido Lorenzino. Y agregó: "este impactante y desproporcionado incremento disparará aún más las subas del agua y la luz, las de las tasas municipales y de bienes personales".
Sin embargo, desde el ejecutivo provincial salieron al cruce de las palabras de Lorenzinoen contra del incremento afirmando que los montos aumentados se encuentran dentro de los topes establecidos por la normativa vigente. En este sentido, el hecho de contar con valuaciones fiscales cercanas a la realidad mejora el sistema tributario, haciéndolo más equitativo y progresivo, porque los ciudadanos pagan en relación a su verdadera capacidad contributiva, reflexiónan desde el gobierno.
A su vez, se supo que para que el revalúo no genere un cambio brusco respecto de lo que se paga por Impuesto Inmobiliario Urbano, la Provincia aplicó un sistema que limita el alcance de los aumentos. A la vez, modificó las alícuotas, disminuyéndolas.
Por otra parte, si bien es cierto que varios municipios toman las valuaciones fiscales de ARBA para calcular el ABL o las tasas municipales, cabe destacar que cada uno de ellos tiene potestad para fijar su propia política tributaria. Es decir que el aumento de tasas en cada jurisdicción depende de los municipios, no de ARBA.
El aumento de montos se combinará con que muchas propiedades de clase media y media baja que hasta el momento no pagaban el gravamen impositivo por “Bienes Personales” tendrán que empezar a hacerlo y aportar de esa manera al Estado.
Recordemos que el mínimo no imponible de este impuesto para 2018 pasa apenas el millón de pesos, suma alcanzable rápidamente si se cuenta con una propiedad -teniendo como parámetro la nueva valuación- y un auto inclusive antiguo.
Según estipula la legislación vigente, el revalúo urbano se implementa cada una década. Sin embargo, ante el cambio de gobierno la anterior gestión de Daniel Scioli no lo realizó en 2015 como correspondía -seguramente por estrategia política de cara a unas elecciones que lo tenían como candidato a presidente-.
En este sentido, el último aumento se había hecho en 2005 y la gobernadora María Eugenia Vidal postergó la actualización -probablemente aplicando el timing político que la caracteriza y que en su momento aplicó Scioli ante la inminente elección- hasta el ejercicio vigente, dado la cantidad de aumentos en servicios del año 2016 y 2017 que se experimentaron.
