La Osprera, de la UATRE, se encuentra en la mira por la Justicia. Sospechan si hubo irregularidades administrativas en el manejo de fondos millonarios.
En el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, la Justicia ordenó este sábado el allanamiento de la tercera obra social más grande del país.
Se trata de Osprera de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y que actualmente es la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.
Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años. No obstante, no logró regularizar una deuda prestacional de más de 43 mil millones de pesos y registró en un año 16.410 reclamos de afiliados.
A raíz de esto, el Poder Ejecutivo dispuso en agosto la intervención por el término de 180 días, a cargo del Ministerio de Salud y con la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. Sin embargo, un fallo judicial le devolvió el manejo de la obra social a su titular y dejó inactiva a la decisión del Gobierno.
Fue un dirigente del mismo gremio en La Plata quien denunció al jefe de UATRE, José Voytenco, por llevar una vida con "lujos que no se condeciría con la actividad sindical".
Marcelo Andrada, secretario general del sindicato en La Plata, planteó que había una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido al secretario general del sindicato a nivel nacional, Voytenco, y su actividad como representante de los trabajadores rurales.
La denuncia le atribuye la construcción de una “mansión” en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados. Según informó el medio La Nación, sus ingresos superaban los 14 millones de pesos en calidad de presidente de Osprera.
La denuncia solicita investigar si hubo irregularidades administrativas en el manejo de fondos millonarios. Puntualmente, pide investigar el flujo de dinero a través de tres posibles entradas: su obra social, Osprera, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y los contratos con empresas por los seguros por sepelios.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, puso la lupa sobre la obra social y no sólo dispuso allanarla sino también suspendió a todo su directorio.
