17 octubre 2024

Divorcio sin juicio: los seis puntos del proyecto que preocupan a los abogados

El Gobierno nacional avanza con la implementación del trámite de divorcio sin juicio. Desde el Colegio de Abogados de la Provincia explicaron los riesgos.

El gobierno nacional planteó al Congreso la posibilidad de realizar el trámite de divorcio en instancia administrativa, sin la intervención de la Justicia, bajo la premisa de dar "mayor libertad" e imponer "menos costos".

Lo que la iniciativa del ministro Federico Sturzenegger no apuntó en su balance son los riesgos que implica esta "simplificación" del trámite de divorcio, que modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires -como también desde el Colegio de Abogados de La Plata- salieron a expresar su preocupación y rechazo al proyecto de ley 3287-D-2023, basándose en seis "peligros" que detectaron.

Los seis peligros del "divorcio exprés"

Desde el COLPROBA enumeraron los siguientes riesgos o peligros que se instalan con el trámite de divorcio administrativo. Por eso sus autoridades hicieron "un llamado urgente a los legisladores para que reconsideren esta propuesta y trabajen en ideas que fortalezcan los derechos de las personas en procesos familiares".

  • Peligro para los derechos: Permitir que las personas renuncien a derechos importantes sin asesoría legal puede llevar a situaciones de abuso, especialmente para quienes están en situaciones vulnerables.
  • Importancia de los abogados: Es fundamental que abogados profesionales participen en los procesos de divorcio para proteger los derechos de todas las partes involucradas.
  • Confusión legal: Este proyecto no está alineado con el Código Civil y Comercial, lo que podría causar confusión y problemas legales.
  • Riesgo de conflictos: Sin la orientación adecuada, las personas pueden firmar acuerdos que no sean válidos, lo que podría resultar en conflictos judiciales en el futuro.
  • Protección de grupos vulnerables: La propuesta no considera adecuadamente las necesidades de personas con discapacidad o adultos mayores, que requieren atención especial.
  • Falta de garantías: A diferencia de otros países que han implementado divorcios sin juicio, este proyecto carece de protecciones esenciales, como la asistencia legal obligatoria.