Suman 1,2 millones en todo el país. Según una auditoría preliminar realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad solo el 7% cumplen con los requisitos. El mayor crecimiento se dio en el gobierno de Cristina Kirchner cuando pasaron de 200.000 a más de un millón.
Las irregularidades detectadas por la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez expuso cómo el otorgamiento de este beneficio funcionó como una política social de asistencia, sin cumplir los criterios médicos exigidos por la normativa. El marcado aumento que se produjo en la cantidad de beneficiarios durante los gobiernos kirchneristas revela que hubo una decisión oficial de darle un beneficio a personas de bajos recursos, en muchos casos, en función de intereses o favores políticos.
Según los datos oficiales de la ANSES analizados por Infobae, a junio último, las pensiones por invalidez sumaban 1.213.293 en todo el país. La cifra representa el 3% del total de la población.
Este tipo de beneficios lo reciben personas que, debido a un grado de discapacidad acreditada, no pueden trabajar por invalidez. Su monto en julio fue $220.907 por mes. Esto implica una erogación para el Estado que supera los USD 3.600 millones anuales, según el cálculo realizado por Infobae. La cifra a fin de año terminará siendo superior, ya que ese valor sufrirá ajustes en el segundo semestre.
Una auditoría ordenada por el actual director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, sobre una muestra piloto de 2.559 casos arrojó que sólo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos. Sin embargo, en base a situaciones irregulares en distintos expedientes y el trabajo en conjunto con la Justicia, “se presume que podría haber irregularidades en el 40% de las pensiones otorgadas”, según la ANDIS.
Fuente: Infobae.
