En las últimas horas se efectuaron una serie de allanamientos, entre ellos uno en La Plata por un presunto esquema de corrupción dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Veinte objetivos fueron el foco de estos operativos, que surgieron a raíz de una investigación de una fiscalía de Berazategui sobre irregularidades en los cursos de reentrenamiento obligatorios de la fuerza.

Se denunció la venta de certificados y el desvío de municiones, todo por sumas que alcanzarían los millones. La Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía bonaerense, paradójicamente, quedó encargada de los procedimientos, lo que generó cuestionamientos sobre la idoneidad de la institución para autoinvestigarse.

El que quedó muy comprometido y deberá dar explicaciones es el comisario general Leandro María Sarlo, el superintendente de Institutos de Formación Policial.

¿Recaudaciones ilegales?

Según la denuncia existía un mecanismo de recaudación ilegal donde se cobraba a los policías para no cumplir con las jornadas de capacitación, pero aún así se les registraba como presentes. En el caso de las jornadas de tiro, se pasaba a cinco policías por turno como presentes, cuando en realidad no lo estaban, a un costo de ocho mil pesos argentinos por persona, al mes.

Además, se acusó a los implicados de recaudar ilegalmente con las municiones. Se estimó que cada día se desviaban quinientas municiones, lo que representaría un total mensual de cuatro millones de pesos.

El fiscal Daniel Ichazo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 Descentralizada de Berazategui tomó cartas en el asunto, y al menos cinco personas resultaron detenidas. Los allanamientos buscaron secuestrar municiones y otros elementos relacionados con las acusaciones.

En uno de los allanamientos, un instructor con trayectoria en la fuerza sufrió una descompensación cardíaca, lo que subraya la tensión y la gravedad de la situación. A pesar de que muchos de los allanados eran tiradores deportivos y recargadores habilitados con documentación en regla, se les confiscaron sus armas y municiones.

Este escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y transparente dentro de la Policía Bonaerense para evitar la repetición de tales actos de corrupción.