El FETA, nacido para “garantizar un precio de referencia del cereal en el mercado interno” durante el principio de la guerra Rusia-Ucrania, “llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos” según el vocero presidencial Manuel Adorni.
El Gobierno se prepara para dar de baja al primer fideicomiso financiero después del feriado largo de Semana Santa. Se trata del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado en 2022 para “garantizar un precio de referencia del cereal en el mercado interno”, y que según destacó el vocero presidencial Manuel Adorni, “llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos”.
“Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que depende del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos”, dijo Adorni.
Cuestionado desde su nacimiento
El FETA fue creado en marzo de 2022 por Alberto Fernández con el objetivo de “garantizar un valor de referencia en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”.
De acuerdo con lo que se informó en su momento, el fideicomiso debía subsidiar a los harineros mayoristas para contener el aumento en el precio del pan común tras la suba de los granos ocurrido como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, responsables del 28% de la producción mundial del cereal.
En su momento, el FETA fue cuestionado por una parte de los molineros que decidieron no formar parte de un sistema que, por las condiciones exigidas, los llevaría a vender la harina por debajo de su costo, y distorsionaría el mercado.
Los beneficiados por el Fondo en su momento eran empresas que, en su mayoría, formaban parte del programa Precios Justos. Ahora, sin este programa en acción, el fideicomiso es el primero de una decena que serán eliminados.
Los fondos fiduciarios son recursos recibidos por las provincias y que sirven como una suerte de presupuesto garantizado por más de un año para asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público. Representan cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.
