A través de un comunicado bajo el lema "La Patria no se vende", 20 partidos, entre ellos el Partido Justicialista y el Frente Renovador, se mostraron a favor de las movilizaciones contra el DNU 70/23 y la Ley Ómnibus.
A través del lema "La patria no se vende", 20 partidos anunciaron que van a acompañar "todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el pueblo argentino a lo largo y ancho del país".
Los partidos que conforman la coalición peronista Unión por la Patria (UxP) expresaron en un comunicado conjunto su respaldo “total” a la huelga de medio día y la manifestación de protesta convocada para el 24 de enero por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo de las reformas que impulsa el Gobierno por medio del DNU de desregulación y la ley Bases, que consideran “un avance antidemocrático”.
A través del lema “La patria no se vende”, 20 partidos, entre ellos el Partido Justicialista y el Frente Renovador, conducido por el excandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, anunciaron que van a acompañar “todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el pueblo argentino a lo largo y ancho del país”, a la vez que exigieron al Congreso el “rechazo” a las iniciativas promovidas por el oficialismo.
El documento fue firmado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Frente Grande, Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, el de la Concertación FORJA, Kolina, el Partido de la Victoria y Compromiso Federal junto al Frente Patria Grande, el Partido Comunista, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el Conservador Popular, el de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el Partido de la Victoria, el del Trabajo y del Pueblo, el del Trabajo y la Equidad, el Federal y el Intransigente.
Los partidos firmantes señalaron que el DNU y la ley ómnibus que se debaten en las cámaras de Diputados y Senadores “suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social”.
Asimismo, indicaron que estas medidas proponen “la destrucción absoluta del sistema de protección social y jurídico de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, productores, profesionales, científicos y estudiantes de la Argentina”, además de afectar “las conquistas sociales conseguidas por el conjunto del pueblo argentino y, en particular, por los sectores más postergados”, entre los cuales situaron al movimiento feminista.
De igual modo, remarcaron que los dos marcos de sustitución y modificación normativa apuntan a la “la desaparición de la matriz industrial y productiva en cada región” del país para “beneficio de enormes negocios de algunos pocos grupos económicos concentrados y de la especulación financiera trasnacional, que constituyen la verdadera casta que afecta al país”.
