“La Comisión Nacional del Trabajo Agrario (CNTA) se excedió en sus facultades”, acusó CRA. También se quejó de "la indiferencia y desdén hacia la gravísima situación por la que está atravesando el productor", por la sequía.
El pago de un bono extra de fin de año que trepa hasta los $50.000 que resolvió la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), y que ya había sido rechazado por las entidades de la Mesa de Enlace más la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tuvo finalmente el capítulo que habían anunciado desde el sector privado: la presentación de un reclamo administrativo que busca impugnar lo resuelto.
El nuevo round en la pelea de las gremiales de productores y agroempresarios pymes contra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue la impugnación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) más CAME a la resolución 230/2022 con la cual se oficializaba el pago del bono en cuestión.
“La CNTA, de manera no consensuada, ha impuesto esta asignación extraordinaria excediéndose en sus facultades”, acusó la entidad conducida por Jorge Chemes.
En CRA entienden que “el camino exigido ha sido erróneo, desde lo administrativo y vulnera el ordenamiento jurídico vigente”.
“Pero sobre todo muestra gran indiferencia y desdén hacia la gravísima situación por la que está atravesando el productor agropecuario y que es de público conocimiento”, en relación a la dura sequía.
En el mientras tanto, hasta que esta impugnación avance o no, desde CRA remarcaron que será decisión individual de cada empleador si decide acatar o no lo dispuesto por la CNTA.
“Lamentamos que el accionar de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario nos coloque en la situación descripta, cuando debiera atender, entender y laudar sobre las distintas posiciones que lógicamente se producen entre trabajadores y empleadores, en situaciones tan complejas, como las que nos ofrece el presente económico de nuestro país”, cerró.
Jorge Chemes, presidente de CRA
EL NACIMIENTO DE LA POLÉMICA
Mientras las negociaciones se daban en el seno de la CNTA, lugar en el que convergen las entidades de productores, la UATRE y el Gobierno Nacional, en diciembre pasado los problemas empezaron a aflorar y los canales de entendimiento se fueron disipando.
Mientras que ya estaba acordado entre las partes el pago de $24.000 para cada empleado rural, la CNTA dispuso que la Mesa de Enlace y CAME sumaran un pago extra de $26.000, suma que lleva el bono total a $50.000.
La sola idea puso al sector privado a la defensiva y el rechazo a esa idea fue inmediato. SRA fue la primera entidad en salir a plantearlo a mediados de diciembre y más tarde se sumaron las demás.
“Las condiciones económicas no están dadas para afrontar en este momento: habíamos tenido que aceptar, por su carácter de obligatorio y compulsivo, el bono que decidió el gobierno nacional de $24.000”, contaban desde la entidad conducida por Nicolás Pino.
“El gremio de los trabajadores no se quedó conforme y pidió una suma adicional sobre dicho monto, pero las condiciones que atraviesan los productores es crítica”, plantearon en su momento. Ahora, la impugnación es un hecho y se espera por la evaluación que haga el Ministerio de Trabajo.
En la sintonía contraria, fuentes de la cartera conducida por Kelly Olmos le habían contado a Infocampo la semana pasada: “Esto se discutió en el marco de la CNTA, el tema es que en las distintas reuniones la parte empleadora se levantaba y se iba”.
La confirmación del bono de $50.000 resulta también un fuerte espaldarazo a la conducción de UATRE en manos de José Voytenco, cuyo nuevo mandato fue avalado por el Gobierno justamente en los primeros días de este año.
