El proyecto de ley que obliga a las prepagas a incorporar asistencia para la violencia de género y a capacitar a trabajadores de la salud recibió dictamen favorable en un plenario del Senado.
Este miércoles hubo dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado para un proyecto de ley que obliga a las prepagas a incorporar la detección y la atención médica de los casos de violencia de género.
El proyecto se trata de incorporar un protocolo de abordaje integral y regular las prestaciones para que se pueda acompañar a las víctimas de violencia de género y que se pueda prevenir, explicó la presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, María Eugenia Catalfamo.
La votación tuvo lugar esta mañana, y recibió el visto bueno por unanimidad en el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Trabajo del Senado y quedó en condiciones de ser convertido en ley.
La senadora Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba), autora del proyecto, consideró que la propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, constituye "el cierre en esta pelea contra el flagelo de la violencia", ya que permite "detectar la situación para el reconocimiento del problema".
Vigo sostuvo que el costo de esta inclusión en las prepagas no es sustancial, señaló que "el médico será el agente principal para tirar el alerta" sobre este tipo de casos y advirtió que "no tener un programa prestacional para la atención desde el ámbito de la salud" implica tener "diagnósticos retrasados".
La senadora indicó que en la Argentina este tipo de atención se lleva a cabo desde el sector público y no desde el privado y mencionó entre las prestaciones que buscan incorporarse al Plan Médico Obligatorio (PMO) están las prácticas preventivas terapéuticas, quirúrgicas y farmacológicas.
Vigo añadió que la ley obligará "a los profesionales a especializarse en estos temas y a dar certezas" para la atención sanitaria de estas patologías.
La presidenta de la comisión de Trabajo, Juliana Di Tulio, consideró que con esta ley se evita "un gran costo en la vida de la mujer, se promociona salud y se previenen enfermedades que son más graves" con lo que podría traducirse como "una especie de ahorro para el sistema de salud.
Durante el plenario, y para sorpresa de nadie, el diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, fue el único legislador que se manifestó en contra de la iniciativa en la Cámara baja.
Varias senadoras como Catalfamo y Nora Giménez (Frente de Todos) cuestionaron al diputado, y repudiaron además al diputado opositor por haber solicitado la pena de muerte para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el alegato de la fiscalía en el que se pidió una condena de 12 años de prisión para la funcionaria por irregularidades en la obra pública.
