Jorge Enrique Bonavita, de 55 años, fue apuntado por uno de los albañiles que trabajaba en el Hotel Dubrovnik. Mientras tanto, continúan investigando a otras dos profesionales, una de ellas titular de la delegación geselina del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.
En las últimas horas la Policía Bonaerense arrestó a Jorge Enrique Bonavita (55), el arquitecto señalado como el responsable de la obra que provocó el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell. Con él, ya son seis las personas arrestadas por el siniestro. Se espera que en el transcurso de la próxima semana declaren además dos arquitectas involucradas en otras obras en el edificio, y además la Justicia pidió la prohibición de salir del país de los responsables de la empresa “Parada Liniers”, de la que es presidente el dueño del hotel colapsado.
Fue la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Fiscalía N° 6 de Villa Gesell, quien solicitó al Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Dolores la detención de Bonavita, residente en General Madariaga y a cargo de una de las obras de remodelación que se estaban haciendo al momento de la tragedia.
Así, Zamboni lo acusa de “ejercer clandestinamente” el control en el lugar “en plena inobservancia de los reglamentos y ordenanzas municipales vigentes en su labor de arquitecto, coadyuvando con su accionar negligente e imprudente, y mediando impericia en su profesión, al posterior derrumbe del Edificio Dubrovnik”, según documentos del caso a los que accedió Infobae.
No era “una mujer”
Diversos testimonios apuntaban a “una mujer”, como la cabeza de la obra de los pisos 7 y 8, una de dos que ocurrían en simultáneo en el Dubrovnik, junto a la reparación de dos ascensores, llevada a cabo por el contratista Rubén Taquichiri, hoy también bajo arresto.
Sin embargo, las pruebas en la causa indicaron que el verdadero control de los planos y el proyecto que habría provocado el derrumbe estaban en manos de Bonavita, que fue señalado por un albañil que declaró como testigo en el expediente. El hombre aportó su descripción física y detalles de sus movimientos.
El nuevo detenido “controlaba nuestra obra”, aseguró. También se dejaba ver con los dueños del hotel, en una camioneta. Visitó el lugar por última vez en septiembre, de acuerdo con el albañil. El arquitecto, por otra parte, había sido empleado del Gobierno bonaerense hasta agosto último.
Las otras arquitectas
Mientras tanto, en la investigación están involucradas dos arquitectas: la geselina Martha Pérez Schneider, quien sería “la mujer” señalada más arriba, y la marplatense María Laura Lagana.
Pérez Schneider es coordinadora de la Delegación Villa Gesell del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Días atrás declaró a los medios que “tengo total dimensión de donde estoy parada. Voy a contar toda la verdad. Mi trabajo fue en un sector que nada tuvo que ver con la tragedia. Incluso estaba feliz en cómo había quedado la terminación del tabique donde colocaríamos el nuevo ascensor y montacargas”.
Además, aseguró tener “la tranquilidad de tener todo en orden, nunca intervine en lo que pasó en la parte de atrás. Espero y voy a ser contundente ante el juez. Estoy para clarificar todo lo que haga falta”.
“Parada Liniers”
En el mismo marco, la Justicia logró identificar a los titulares físicos de la empresa “Parada Liniers”, de la que es titular el detenido dueño del Hotel Dubrovnik, Antonio Arcos Cortés; los demás miembros son Pablo Russo, Daniel López, Nahuel Castilla, Mariana Cortés y Mariana López. Russo y Castilla serían quienes estuvieron relacionados a las obras y realizaban trámites y pagos.
Como primera medida de cara a una segura imputación, la Fiscalía solicitó que estas personas -además de las mencionadas arquitectas- no puedan salir del país, según el medio geselino El Fundador.
El pedido es para la imposición de una prohibición de salir del país sin autorización previa, y la obligación de comparecer una vez por semana ante ese Juzgado o ante la comisaría que por jurisdicción corresponda con el objeto de certificar su lugar de residencia actual.
La medida se fundamentó en la necesidad de que esas personas estén a disposición próxima de la Justicia en cada oportunidad que sean requeridas y en el aseguramiento de su posterior comparecencia judicial.
