La senadora bonaerense, Flavia Delmonte, elevó un proyecto que busca crear el Programa de Sustitución y Prohibición de vehículos de Tracción a Sangre Animal.
La senadora bonaerense, Flavia Delmonte, elevó un proyecto que busca crear el Programa de Sustitución y Prohibición de vehículos de Tracción a Sangre Animal.
La iniciativa pretende erradicar el uso de animales en actividades como transporte, recolección y reparto en zonas urbanas, resguardando su bienestar a través de la promoción de su adopción responsable y la prohibición de su comercialización y explotación.
La propuesta también propone alternativas laborales más sostenibles para los trabajadores y tiene como objetivos, además, la reducción de la siniestralidad vial y la prevención de enfermedades de origen zoonótico.
“A raíz de los sucesivos acontecimientos de maltrato animal, el último conocido en San Clemente donde obligaron a un caballo a desencajar una camioneta en la arena, es imperioso dar una solución urgente a la utilización de animales en vehículos de tracción a sangre, lo cual representa una problemática social, económica y ambiental en todo el territorio bonaerense”, enfatizó Delmonte.
“Resulta necesario implementar políticas públicas que atiendan las cuestiones sociales y éticas que subyacen de dicha actividad, promoviendo un desarrollo social más justo y sostenible de nuestra comunidad, reconociendo la dignidad y los derechos de los trabajadores y de los animales usados como vehículos de tracción a sangre”, agregó.
Con esta normativa, se trabaja para prohibir los vehículos de tracción a sangre animal, excepto en aquellos eventos históricos, tradicionalistas o folklóricos que cuenten con una autorización previa emitida por autoridades competentes.
Las sanciones para quienes incumplan la restricción incluirán el secuestro de los animales y multas, aunque propone, en paralelo, cursos de capacitación como alternativa a las multas en aquellos casos en los cuales los infractores no puedan costearlas.
Finalmente, se le concederá al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la ley en un plazo de 90 días, así como de coordinar su implementación con los municipios bonaerenses, asegurar el destino adecuado de los animales decomisados y realizar las previsiones presupuestarias necesarias para su correcta ejecución.
