El secretario de Trabajo, Julio Cordero, condenó la agresión verbal sufrida por la ministra en el Aeropuerto de Buenos Aires. La calificó como un acto de violencia institucional que vulnera los derechos laborales y políticos de los funcionarios.
El Gobierno denunció “violencia institucional” tras los insultos a Pettovello en Aeroparque
El reciente incidente en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue agredida verbalmente por un grupo de pasajeros, generó una rápida reacción por parte del gobierno. El hecho ocurrió cuando la mandamás descendía de un vuelo oficial procedente de Jujuy, acompañada por el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Durante el trayecto en el transporte interno del aeropuerto, los pasajeros cantaron en contra de la privatización de la aerolínea de bandera y a favor del financiamiento universitario, lo que desató el repudio desde el oficialismo.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, emitió un comunicado calificando lo sucedido como un "grave caso de violencia institucional". Según Cordero, la agresión verbal que sufrió Pettovello, con claras connotaciones políticas, no debe ser tomada a la ligera, ya que vulnera principios fundamentales establecidos por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio, adoptado en 2019, establece la necesidad de erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
“El Convenio 190 es claro: no se puede violentar a una persona en su ámbito de trabajo bajo ninguna circunstancia”, declaró Cordero, quien insistió en que este tipo de ataques, cuando se dirigen a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, son "moralmente inaceptables" y representan una amenaza directa a los principios democráticos. Para el secretario, es fundamental que se tomen medidas concretas para evitar que este tipo de incidentes se repitan.
El comunicado también destacó que Pettovello, pese a su alto cargo, optó por utilizar está vez el transporte público disponible para todos los ciudadanos. Cordero enfatizó que la violencia institucional no solo afecta a la persona atacada, sino que socava las instituciones y los valores sobre los que se sostiene la democracia.
Este incidente reavivó el debate sobre la creciente tensión social y política en el país, donde los funcionarios públicos se ven cada vez más expuestos a agresiones tanto físicas como simbólicas en consecuencia de las decisiones que toman. Cordero subrayó que la violencia en el ámbito laboral, especialmente cuando se dirige a figuras públicas, no puede ser normalizada ni tolerada bajo ninguna circunstancia. Además, solicitó una investigación por parte de las autoridades para identificar a los responsables y sancionarlos debidamente.
Cordero finalizó su comunicado haciendo un llamado a la reflexión colectiva y a la acción gubernamental para frenar este tipo de actos. Según él, es esencial que se protejan los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, independientemente de su cargo o posición en la administración pública.
