Forma parte de la reacción del ministerio de Economía por los incrementos en algunas comunas del Conurbano.
En medio de la polémica por el aumento de tasas municipales en algunos distritos del Conurbano, el gobierno nacional tendría previsto avanzar con la prohibición de un mecanismo muy extendido en la provincia para facilitar la cobrabilidad de esos tributos locales: incluirlos en la factura de un servicio, por ejemplo el que brinda una cooperativa eléctrica, con lo que su pago en la práctica pasa desapercibido.
La controversia en torno de las tasas se disparó después de que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el alcalde de mayor cercanía a Javier Milei en la provincia, denunciara que en distritos del Conurbano gobernados por alcaldes del kirchnerismo, por ejemplo en Lanús, donde el jefe comunal es el camporista Julián Álvarez, se produjeron en las últimas semanas aumentos significativos.
Pero la polémica tomó temperatura cuando se involucró el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no solo acusó a los intendentes de perseguir “fines recaudatorios”, sino que los vinculó a una maniobra para impedir la baja de la inflación y complicar así el plan económico nacional. El gobernador Axel Kicillof lo cruzó por eso: al defender a los alcaldes argumentó que las subas son para financiar servicios ante los recortes de Nación.
La restricción se plasmaría a través de una resolución de la Secretaría de Comercio que se conocería en los próximos días y dejaría expresamente prohibido el mecanismo, según indicaron fuentes del Gobierno nacional a Infobae.
El cobro de tasas en facturas de servicios está extendido mucho más allá de los distritos del Conurbano donde se originó la controversia. Es muy usual en municipios del interior de la provincia, donde se incluyen en las liquidaciones de, por caso, cooperativas que dan el servicio de agua o de electricidad. Pero no es el único caso: también se incluyen en la percepción de otros servicios, como por ejemplo la TV por cable.
Para la entidad que realiza el cobro el negocio es cobrar una comisión, que la comuna le paga a cambio de que transfiera el dinero de la tasa que cobró a nombre del Estado local.
De acuerdo a lo que trascendió, las comunas que incumplan con la reglamentación una vez puesta en vigencia –sería la semana próxima- recibirán sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240).
Al mismo tiempo, Economía –que ya había anunciado que estudia presentaciones ante la Corte por este tema- no descarta impulsar un proyecto de ley para limitar la discrecionalidad a la hora de aumentar tasas, impidiendo que sea por conceptos inespecíficos que no tengan una contraprestación clara y verificable.
