La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha iniciado un riguroso proceso de auditoría que podría resultar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en los próximos meses.
Este ajuste responde a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten continúen recibiendo este apoyo del Estado.
La auditoría, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está extendiendo a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. La revisión afecta a aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.
Criterios de suspensión
Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas, principalmente relacionadas con la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
Quiénes serán los afectados
Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Los principales afectados incluyen a beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones.
Montos y requisitos para acceder a las pensiones
Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos:
No recibir otros ingresos del Estado
No tener empleo formal
Contar con ingresos insuficientes
Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país
No estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario
El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.
Proceso de revisión y consecuencias legales
El proceso de auditoría, que ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. En paralelo a estas auditorías, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.
El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha destacado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.
