Hay dos países que mantienen el silencio ante las tensiones por las elecciones venezolanas.
El Gobierno argentino se unió al resto de los países de América Latina que repudiaron la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de ratificar el fraude electoral de Nicolás Maduro. El mandatario de Brasil, Luis "Lula" da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, fueron los únicos en mantener el silencio.
Dicho organismo de Justicia, controlado por el régimen madurista, habría realizado un escrutinio de las actas de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), también manejado por el Ejecutivo venezolano, y así proclamó al dictador como ganador. A pesar de ello, aún no se han hecho públicas las actas que demuestren esto.
También trascendió que se perseguirá a los dirigentes de la oposición que publicaron las pruebas que evidencian que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, superó ampliamente a Maduro. Esto generó una gran preocupación en los países de la región por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos.
El comunicado contra la sentencia del Tribunal de Venezuela
"Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral", establece el comunicado difundido por la Cancillería argentina.
La gestión de Javier Milei manifestó desde el primer momento el desconocimiento de la validez de la declaración del Consejo Electoral Nacional venezolano, y exigió la presentación de las actas oficiales que evidencien el supuesto triunfo del líder populista. Lo que levantó sospechas fue la decisión de Maduro por impedir el acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa por realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas.
El comunicado emitido señala que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ. Los países que suscriben reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela.
"Al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente. En igual sentido, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia", cierra.
