Se detectaron irregularidades en los pasos para resolver la intervención. Se investigará a funcionarios libertarios y al diputado nacional Pablo Ansaloni por el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias.
La Justicia Federal dejó sin efecto el decreto presidencial y le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que le devuelva a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) el control de la Obra Social de los Peones Rurales. Es que se detectaron irregularidades en los pasos para resolver la intervención y, en ese marco, se investigará a funcionarios libertarios y al diputado nacional Pablo Ansaloni por el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Según informa el sitio Infogremiales, la Justicia dejó sin efecto el decreto del presidente Javier Milei y determinó que se deberá devolver el control de la obra social. El magistrado, además, le pide al superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo que presente los informes en los que se basó para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, se ordenó “la suspensión preventiva de los efectos la resolución” con la que se intervino la institución, “haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla”.
El fallo llegó luego de la presentación judicial del líder de la UATRE, José Voytenco. Allí se detallan una serie de irregularidades en todo el proceso administrativo. Entre ellas, que la Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, solo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención.
Para el Juez, el estado contable “crítico” que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el “análisis preliminar del ejercicio contable”, en el que “se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido”. Tampoco coincide con la realidad el repaso de la situación prestacional que se detalla en la resolución ni su nivel de litigiosidad. En ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que pueden constatar efectivamente, siempre de acuerdo con Infogremiales.
