La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron un proyecto que será enviado al Congreso.
El Gobierno nacional presentó este viernes el proyecto de “Régimen Penal Juvenil”, a través del cual busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
El proyecto que será enviado al Congreso fue presentado en conferencia de prensa por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El Régimen establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo a los delitos. Según publicó el diario Clarín, la síntesis de la iniciativa señala que las edades de los menores punibles irían de “adolescentes de entre 13 y 18 años”.
Además, detalla que los chicos de esas edades que delinquen pueden ser privados de su libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. Los padres de los mismos deben ser comunicados sobre la imputación y los actos procesales.
Además, señala que “el juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”.
Por otro lado, el proyecto señala que si se impone condena condicional, se tendrán que aplicar medidas complementarias,como “asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.
Asimismo, señala que las penas serían de 3 a 6 años de prisión “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”.
En tanto, la pena también podría reemplazarse por prohibición de aproximarse a víctimas, de conducir vehículos, de concurrir a determinados sitios, prohibición de salir de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.
En caso de aprobarse la iniciativa, el cumplimiento de la condena deberá ser verificado por jueves o fiscales y “también por la víctima, si es su deseo”. Los imputados podrán recibir una pena máxima de 20 años.
En los casos en los que el delito tenga una pena prevista inferior a 6 años, podrá darse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes; mientras que para las penas que no excedan de tres años se podrá acceder a la probation.
Según el texto que trascendió, “en los casos de menores no imputables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”.
“En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”, se señala.
