El fiscal Diego Luciani solicitó la pena para el exsecretario de Comercio, acusado de falsificar datos de la entidad y manipular el índice de inflación en 2007.
El fiscal federal Diego Luciani solicitó hoy una condena de cuatro años de prisión para el exsecretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno, acusado de manipular los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) entre marzo de 2006 y agosto de 2007. Además, pidió una pena de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Luciani lo acusó de abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y destrucción de documentos oficiales.
Durante su alegato, destacó que las intervenciones de Moreno alteraron indicadores cruciales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cual afectó las mediciones de pobreza y generó una desconfianza generalizada en las estadísticas oficiales.
“La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales”, afirmó Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Guillermo Costabel.
El fiscal federal Diego Luciani
Luciani también acusó a la exdirectora del IPC del INDEC, Beatriz Paglieri, solicitando para ella una pena de cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según la denuncia, Moreno habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, por negarse a revelarle datos de comercios utilizados en los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios, y la reemplazó por Paglieri.
Además, para las ex empleadas del INDEC, Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, también implicadas en el caso, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso.
El fiscal Carlos Stornelli, quien investigó a Moreno en primera instancia, sostuvo que el exfuncionario abusó de su autoridad para designar a personas de su confianza en el INDEC, con el fin de controlar el IPC y obtener un coeficiente de inflación más bajo del esperado. Moreno habría hostigado a funcionarios para obtener información protegida por el secreto estadístico, y ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza.
