El Gobierno decidió que frenará nuevamente los aumentos de tarifas de luz y gas previstos para julio.
En este caso, la suba correspondía para mejorar los márgenes de las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y hubieran tenido un impacto en las facturas de hogares, comercios e industrias cercano al 2-3%.
Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que aplicará un incremento de impuestos a los combustibles que equivale a un impacto de 1% en la nafta y el gasoil, que será efectivo a partir del lunes 1 de julio.
Ambas medidas buscan consolidar un proceso de baja de la inflación, que se habría interrumpido en junio después de 5 meses (enero-mayo) precisamente por los ajustes de tarifas que tuvieron como objetivo bajar el gasto público en subsidios.
Por el lado de la luz y el gas, las empresas afectadas por la medida son Transener, Transba, Transpa, Edenor, Edesur, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Transportadora de Gas del Norte (TGN), Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Ecogas, entre otras. “Vamos a tener que reducir violentamente nuestro plan de inversiones”, anticipó el ejecutivo de una firma.
Entre febrero y abril, el Gobierno había firmado acuerdos con las compañías para que desistieran de reclamos judiciales y administrativos a cambio de aumentar las tarifas y mantener una fórmula de indexación mensual en base a la evolución pasada de la inflación, los salarios y el costo de la construcción. La primera vez que se tuvo que aplicar esa fórmula, en mayo, se postergó hasta junio.
Pero para junio Caputo le había ordenado al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, cancelar ese mecanismo y empezar desde julio con una fórmula que incorpore la inflación futura proyectada para actualizar los ingresos de las empresas. Eso es lo que esta vez se vuelve a patear.
Con todo, las empresas eléctricas tendrán a fines del mes próximo un atraso en sus tarifas cercano al 50% -la inflación acumulada desde febrero- y las de gas, de un 25%. Con estos ingresos no percibidos se podría retrasar parte del plan de inversiones.
La promesa del Gobierno para el sector privado es que antes de fin de año convocará a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), con la que se definirá un plan de inversiones a 5 años a cambio de garantías y certezas con las tarifas. Los atrasos de este año se compensarán hacia adelante con mayores aumentos que pagarán los usuarios durante 60 meses.
Por otro lado, los combustibles (nafta y gasoil) sí tendrán una suba la semana que viene, que incorporará la devaluación mensual del peso frente al dólar (2%) y el alza de impuestos (1 punto más), por lo que la nafta se irá hasta al menos $ 930 o $ 935 por litro en la Ciudad de Buenos Aires.
La actualización restante de los impuestos a los combustibles supera los $ 100 por litro de nafta y los $ 80 en el gasoil, y se aplicará a lo largo del segundo semestre, desde agosto, posiblemente en cuotas.
Con esos impuestos, el Gobierno busca recuperar recaudación tributaria por un total de 0,5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en todo el año, o el equivalente a 3.000 millones de dólares, el 10% del ajuste fiscal que se propuso Javier Milei.
