El Ministerio de Justicia informó que detectaron casos irregulares en la tramitación y el abono de las reparaciones. Harán una auditoría.
El Gobierno nacional informó este lunes que dejará de pagar las indemnizaciones reclamadas por personas que aseguran haber sido víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, luego de haber detectado irregularidades en los trámites.
Según informó el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, se dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
A través de un comunicado, la cartera judicial aclaró que se tomó la decisión de auditar “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
A su vez, adelantaron que para los casos que no corresponda haber abonado indemnizaciones el ministerio “perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente”.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.
Cúneo Libarona avanzó en la decisión a través de la resolución ministerial N RS – 2024 – 40979055 – APN – MJ, mediante la cual se impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
“La auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”, se indicó.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, detalló la cartera en un comunicado.
En consecuencia, resolvieron: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
