Los ruralistas dieron plazo hasta mayo para que Kicillof dé marcha atrás con la suba del Inmobiliario. ARBA chequeó que los topes se aplican correctamente y advierte que no permitirá que las deudas prescriban.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) anunció hoy que accionará ante “los poderes ejecutivo, legislativo y judicial” en busca de revertir el aumento del Impuesto Inmobiliario que consideran “abusivo y confiscatorio”, en el marco de la controversia desatada por el apoyo del presidente Javier Milei a un llamado a la rebelión fiscal que hizo el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert y rechazado con dureza por el gobernador Axel Kicillof.
El Concejo Directivo de Carbap se reunió esta mañana y resolvió pedirla a Kicillof una serie de medidas para morigerar el aumento del Inmobiliario Rural, al tiempo que adelantó que, como gesto político, la próxima reunión de su órgano de conducción se realizará en La Plata. A la vez, acordaron que serán los productores quienes, individualmente, accionen ante la justicia. Como entidad adelantaron “acciones puntuales” ante oficinas de ARBA en el territorio.
Uno de los puntos que exige Carbap es “respetar el tope aprobado por la Legislatura bonaerense de un aumento del 200%” en el aumento interanual del Inmobiliario Rural. Según supo DIB, ARBA realizó un chequeo de algo más de 1500 casos concretos y no encontró que se hayan vulnerados los topes, que además limitan el impacto en lo que se paga del incremento de la base imponible.
Otra de las controversias está centrada en las bonificaciones por buen contribuyente y adhesión al débito automático, que el gobierno quitó este año. Los productores entienden que ese es un derecho adquirido y contabilizan el beneficio como parte del aumento. El gobierno niega que ese sea el mecanismo y ratifica la decisión de aplicar una política diferente a la del año pasado en este punto.
La asamblea de Carbap –la organización ruralista más importante de la Provincia- definió un claro endurecimiento de su posición: además de los reclamos directos al Gobernador, que incluyen también un tope a la suba para las propiedades más caras- le piden a la Legislatura que “accione” para “la modificación” de la Ley Fiscal vigente, que se aprobó con acompañamiento de bancadas de la oposición.
A la vez, la entidad lanzó una estrategia para que sean sus afiliados los que acciones judicialmente (algunos ya lo hicieron) mientras que buscará realizar asambleas en diversos puntos de la provincia en las que se analizarán acciones contra el aumento y se buscará involucrar a los intendentes en la disputa.
En ese marco, Carbap explicitó una advertencia con fecha de aplicación: si antes de mayo sus demandas no son satisfechas, “se sugerirá a los productores eliminar el pago electrónico o débito automático de las boletas”. Es un claro paso hacia la rebelión fiscal que lanzó Espert y apoyó Milei.
La Provincia, que mantiene un diálogo reservado con la conducción ruralista, decidió por su parte profundizar los operativos de cobrabilidad para las deudas corrientes. Es decir, para lo que hasta ahora no pagaron la primera cuota del tributo, que ya venció. Para esos deudores hay un plan que permite financiar en cuotas las deudas.
Pero a la vez, ARBA definió que para resguardar el crédito de la provincia no va a dejar que las deudas prescriban, por lo que en casos de deudores con moras que se acumulen van a iniciar acciones legales.
La disputa entre los productores rurales y el gobierno bonaerense fue atizada por el diputado José Luis Espert -él mismo productor rural y asesor de compañías del sector en su rol de economista privado-, quien a fines de la semana pasada llamó a no pagar los impuestos en la provincia, especialmente el Inmobiliario Rural, porque considera que es desmedido y que el Estado no retribuye con prestaciones adecuadas a los contribuyentes. Después de que Milei lo respaldara, Kicillof rechazó de plano el planteo, al que consideró lisa y llanamente un llamado a incumplir la ley por parte del Presidente
