Tras la derrota de la Ley Ómnibus, Milei enfrenta una nueva batalla con los gremios la próxima semana se reúne el Consejo del Salario para acordar la nueva base de cara a las futuras paritarias.
Mientras el oficialismo se recupera del golpe asestado en el Congreso con la caída del proyecto de reformas del Estado, la Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó que reclamará una suba del 85% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en la reunión que mantendrá con el Gobierno el próximo 15 de febrero.
El encuentro del Consejo del Salario Mínimo, será el día posterior a que el INDEC dé a conocer la cifra de inflación de enero, que se estima que ronde el 21%, lo que marcaría un alza interanual del 230 por ciento. Por lo que desde la central gremial adelantaron que esperan un piso cercano a los 290 mil pesos.
“La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil es un ámbito de diálogo a los fines de recuperar en algo el poder adquisitivo de los sectores más empobrecidos. La devaluación, que se suma a la brutal inflación acumulada Dic. 2023/ Feb 2024 (sobre todo en insumos de canasta básica de alimentos y salud) imponen una actualización de al menos 85 %”, señalaron desde el sector sindical en un comunicado.
Si la administración que preside Javier Milei, acepta este incremento el salario mínimo presentado por la CGT pasará de los $ 156.000 actuales a unos 288.600 pesos. Aquí vale aclarar que la última actualización fue en diciembre del 2023, pero en base a la inflación reunida hasta noviembre y sin tener en cuenta la devaluación del 54% que hizo el Gobierno al asumir.
Aunque es muy difícil que los gremios obtengan esta suba, ya que Milei es partidario de un brutal ajuste que aplicó en todos los sectores, sobre todo sobre los trabajadores y mantiene un fuerte conflicto con la central obrera por la suspensión de la reforma laboral, en donde la Justicia le dio la razón a la CGT.
Es que el salario mínimo, no sólo sirve de referencia para las futuras negociaciones paritarias de los distintos sectores, sino que impacta de lleno en los programas de asistencia social que sostiene el Gobierno, ya que los Plan Potenciar equivalen al 50% del valor de este acuerdo entre partes. Lo que significaría un gasto mucho mayor por parte del Estado.
