El Gobierno de Javier Milei busca desactivar la bomba que le dejó la gestión anterior: tarifas atrasadas con respecto a la inflación y millones de pesos destinados a los subsidios de los servicios.
El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, enfrenta un desafío colosal con el ajuste de tarifas de servicios públicos. Con la convocatoria a una audiencia pública sobre el precio del gas para el 8 de enero, se busca abordar las tarifas notoriamente rezagadas respecto a la inflación y los enormes subsidios fiscales en energía y transporte. Se estima que entre 2008 y 2022, los subsidios a los servicios públicos consumieron USD 200,000 millones.
El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires es una urgencia adicional, ya que las empresas demandan respuestas ante las repercusiones políticas y sociales masivas que podrían surgir.
La preocupación se centra en las tarifas eléctricas y de gas, con la consultora Economía y Energía estimando aumentos significativos para distintos segmentos de usuarios. La falta de precisiones y el vacío informativo generan incertidumbre. La clase media sería la más afectada, con incrementos superiores al 300%. Sin embargo, la falta de coordinación entre las políticas macroeconómicas y tarifarias, que fue un error de la gestión anterior, podría complicar el proceso.
Para los aumentos en electricidad la consultora estimó que en el caso de los consumidores Nivel 1 (N1, de mayores ingresos, que dejaron de recibir subsidios a partir de la “segmentación tarifaria”), la factura promedio de electricidad pasará de $10.467 a $23.569, un aumento del 125%; para el Nivel 3 (N3, ingresos medios, hoy parcialmente subsidiado) pasará de $5.518 a $23.569 (337%) y para el Nivel 2 (N2, ingresos bajos, el más subsidiado) pasará de $3.970 a $9.082 (129% de suba).
En cuanto al gas, según Economía y Energía, las facturas promedio pasarían de $4.558 a $13.867 para los N1 (204%); de $3.197 a $13.867 para los N2 (336%) y de $1.862 a $4.865 para los hogares N3, de ingresos más bajos (168 por ciento).
La audiencia sobre el gas, convocada por el interventor del Enargas, Osvaldo Pitrau, busca aplicar nuevas tarifas a partir del 1 de febrero. La incertidumbre jurídica también es un factor, ya que las resistencias sociales podrían encontrar eco en la Justicia. El desafío es inmenso, y el Gobierno enfrenta la tarea de desactivar la “bomba de subsidios” que ha madurado durante años.
