El incremento fue informado a través de una comunicación de la Dirección General de Escuelas bonaerense.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires y de la Junta Nacional de Educación Privada rechazó el pago del bono impuesto por el Gobierno nacional.
Fue luego de que la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (Aiepba) solicitara a las autoridades educativas una actualización teniendo en cuenta que desde el año pasado se ha registrado un “desequilibrio” entre el aumento de los salarios docentes y las tarifas de los colegios privados de un 66% de diferencia nominal.
No obstante, el secretario ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita, consideró: “Otra vez esta autorización para una mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos de los servicios en general y los salariales en particular, que deben afrontar las escuelas”. Asimismo, advirtió sobre la situación difícil de por lo menos 30 colegios que están en riesgo de cerrar y suspender la prestación de los servicios educativos por imposibilidad económica de afrontar los costos.
Según las estimaciones que hizo la entidad que agrupa a unos 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, la inflación fue del 311%, los incremento salariales que se dieron en paritarias acumuló 364% y los aranceles subieron 268%.
El último incremento fue autorizado en septiembre y fue de un 5,4% sobre la cuota de agosto y a esto debió sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9% (14% para dos meses con inflación más alta).
“Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos de las instituciones que presentan severas dificultades para funcionar. En menos de dos años, la capacidad operativa económica de los centros educativos de gestión privada perdieron 43% en relación con la inflación de ese período”, explicó Zurita.
De acuerdo a la Asociación, el sector atraviesa una “situación crítica” por estas distorsiones que se han acumulado en los últimos años. “Las entidades arrastran una compleja situación desde la pandemia de Covid-19, donde muchos propietarios y administradores tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando”, indicaron.
La institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios privados, reclamó en una carta a la Dirección General de Escuelas que “los topes arancelarios se ajusten adecuadamente para garantizar el servicio educativo en los institutos”.
Además, sostuvo en la misiva que “dada la inflación y las variaciones económicas, consideramos crucial la implementación de una cláusula gatillo en los contratos de aranceles. Esto permitiría ajustarlos de manera automática, en respuesta a los incrementos de los salarios docentes. De esta manera se asegura la estabilidad financiera de nuestras instituciones”
