Este miércoles se llevó adelante una audiencia de apelación, en la que la defensa de Cacho Garay pidió la restitución de la prisión domiciliaria para que el humorista deje la cárcel. Su presunta cómplice en los abusos quiere quedar en libertad.
Un tribunal integrado por tres jueces definirá el futuro inmediato de Juan Antonio Garay (68), alias Cacho, y Sandra Astudillo (58), acusados de sistemáticos abusos sexuales a Verónica Macías, la expareja del humorista. Este miércoles se desarrolló una audiencia de apelación con la que el comediante busca salir de la cárcel y la otra sospechosa intenta recuperar la libertad.
Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz, abogados de Garay, apelaron la revocación de la prisión domiciliaria del imputado, determinación que estuvo en manos del juez Federico Martínez y que mandó al penal al artista. Los letrados quieren que su cliente vuelva a estar detenido en la casa de su hermana, en Maipú, ya que entienden que nada se modificó en cuanto a su situación y que las pruebas en su contra no son sólidas-solo la declaración de la víctima-.
Cabe recordar que Cacho se encuentra en la penitenciaría desde julio pasado, luego de que el caso cambie de fiscal por los planteos de la querella y el agravamiento de algunas calificaciones. La doctora Mónica Fernández Poblet tomó la causa en lugar de Daniel Carniello y solicitó que el presunto abusador quede tras las rejas, lo que finalmente fue avalado por Martínez.
En esa instancia este magistrado también le dictó la prisión preventiva a Astudillo, medida de coerción que cumple en el penal de mujeres.
Estos últimos movimientos en el expediente fueron apelados por las defensas. Garay quiere volver a la domiciliaria y Astudillo, a través del letrado Carlos Moyano, pidió la libertad o en subsidio el arresto en una vivienda.
Por su parte, los querellantes, Cristina Vaira Leyton y Agustín Magdalena, al igual que la fiscal, pretenden sostener la misma condición de encierro para los acusados.
Todo esto se expuso en la audiencia de ayer, que duró más de cuatro horas en el Polo Judicial, y el tribunal, conformado por los jueces Eduardo Martearena, Mónica Romero y Mateo Bermejo, definirá la forma en la que los imputados seguirán en la investigación.
Los magistrados, tras escuchar los argumentos, decretaron un cuarto intermedio y, en fecha a confirmar, darán su resolución.
Catarata de delitos
Sobre Cacho Garay pesan una gran cantidad de imputaciones y delitos que habría cometido en perjuicio de la víctima: amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia de una orden judicial (violación de la prohibición de acercamiento al enviarle un audio de WhatsApp a su ex); todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.
El arranque y una cómplice
El caso comenzó en Córdoba, luego de una fuerte discusión que mantuvo la pareja en la habitación de un hotel de Carlos Paz en la que estuvieron hospedados durante el fin de semana de Semana Santa.
Tras la denuncia de Verónica en esa ciudad, ambos regresaron a Mendoza. Ella quedó alojada en un establecimiento de contención para víctimas de violencia de género, mientras que él se fue a la propiedad en la que vivían, en calle 20 de Septiembre de Luján de Cuyo.
Allí la Policía allanó y se llevó detenido al sospechoso por la tenencia de armas de fuego, aunque recuperó la libertad al día siguiente con la rendición de una fianza de $1.000.000. La Justicia también le ordenó la exclusión del hogar que compartía con su ex.
Con el avance de la pesquisa y más declaraciones de la mujer, el panorama para Garay se complicó notoriamente, quedando acusado por graves hechos pero con domiciliaria.
Luego le sacaron este beneficio y pasó a la cárcel, en tanto que antes ya había sido detenida e imputada Sandra Astudillo, la empleada legislativa y exreina de la Vendimia sindicada como cómplice y partícipe de los vejámenes.
Sus imputaciones son por abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas, en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.
