A dos semanas de su aprobación en el Congreso, la ley que busca prevenir el abuso infantil entró en vigencia. ¿Qué propone?
A través de su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno nacional promulgó ayer la Ley Lucio con el objetivo de prevenir la violencia y abusos en la infancia. La norma fue bautizada en honor a Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado por su madre y la pareja de ella en Santa Rosa, La Pampa. El Senado de la Nación la había aprobado por unanimidad a mediados de abril.
La Ley Lucio tiene como fin establecer capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en derechos de las niñas, niños y adolescentes para "personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes".
La norma agregó además que "podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley".
Desde el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, hay seis meses para elaborar "los contenidos del Plan Federal de Capacitación".
Los principales aspectos de la Ley Lucio
Respetar la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Formar y sostener vínculos de afecto y confianza durante la convivencia social para beneficiar al desarrollo de los niños.
Generar espacios y metodología para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su derecho a ser oídos durante los procesos administrativos y judiciales, de modo que se habilita su participación en distintos ámbitos sociales y comunitarios.
Propiciar la perspectiva de género y diversidades.
Recomendar la protección de denunciantes en casos que se hayan vulnerado los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos.
