Los legisladores del oficialismo provincial rechazaron la entrega de tierras por parte del INAI y derogaron el decreto que acredita la “posesión ancestral”.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió la entrega de tierras del Ejército Argentino a una comunidad mapuche en Bariloche, la Cámara de Diputados de Mendoza, votó una resolución que sostiene que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
A través de una aprobación en mayoría el oficialismo provincial derogó el decreto federal por el que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que otorgaba una serie de territorios a los pueblos originarios, en donde se encontraban varios pozos petroleros.
La situación desató un fuerte cruce entre representantes de Cambia Mendoza y el Partido Justicialista, durante la reunión de la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por el diputado oficialista, José Luis Ramón.
Asimismo, el texto aprobado durante la sesión repudia el Decreto nacional 805/21 que establece la suspensión de los desalojos y la desocupación de tierras en disputa e instruyó al INAI para realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las áreas ocupadas por las comunidades indígenas.
“Con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, señala el documento emitido por la Cámara baja mendocina.
En ese sentido, la resolución espresa el “repudio por el Decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.
A lo que agrega el planteo por la “preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las Resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la Provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.
La medida aprobada también critica la suspensión de desalojos definida por el Gobierno nacional ya que supuestamente ese decreto “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.
Por su parte, el documento indica que se debe “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingue e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
