La nena de 6 años relató haber sido abusada por su abuelo paterno en La Rioja. La Justicia ordenó detener a su madre y entregar a la menor a su padre.
Arcoíris tiene 6 años y desde los 2 relata abusos sexuales por parte de su abuelo. Su familia materna afirmó que la Justicia de La Rioja no dispuso medidas de protección para evitar los hechos, a pesar de las cinco denuncias que presentó en esos cuatro años su mamá, Delfina Silva Zarranz.
Ahora, la niña está en Buenos Aires con domicilio reservado por orden de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema, que evaluó “una situación de alto riesgo”.
Este jueves la División Delitos Contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad ordenó allanar el domicilio de Zarranz, para practicar su detención, informó la abogada de la familia mientras organizaciones defensoras de la niña se habían autoconvocado frente al domicilio donde la Policía de la Ciudad intentaba cumplir el pedido.
A través de un comunicado que circuló vertiginosamente, explicaron que “la Policía de la Ciudad irrumpe en la vivienda de Arcoiris. Quieren entregarla al abusador y apresar a su madre Delfina por desobedencia. ¿Qué desobediencia" No entregar la niña al abusador y su familia. Convocamos a difundir y acercarse al lugar. Bulnes y Sarmiento. Almagro.”Que no se lleven a Arcoiris!”.
En diciembre pasado, la jueza Carla Menem pidió revincular a la niña con su progenitor y solicitó al Juzgado N° 106 de Buenos Aires “la colaboración para informar el domicilio” de Arcoíris.
La orden judicial de allanamiento N° 9648/2023, del Juzgado de Rogatorias, por la abogada Elida Barrera, la abogada de Zarranz, reclamaba efectivizar la detención de Zarranz de su domicilio en el barrio porteño de Almagro por “desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto de hijos menores con sus padre no convivientes agravado en concurso real y acumulado expediente 4239”.
Tras conocerse la noticia, la jueza Gisela Flamini, a cargo del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2 de La Rioja, ordenó levantar la orden de detención dictada sobre Zarranza y dispuso 24 horas para que intervenga el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y se alcance una solución, informó hoy la abogada de la familia, Elida Barrera.
La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y María Elena Naddeo, la directora general de Niñez Adolescencia Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires están acompañando a Zarranz y a la niña Arcoíris.
“El denunciado por los abusos de Arcoíris es su abuelo paterno, José “Kuki” Vergara, quien tiene un cargo muy importante en la Secretaría de Justicia del Gobierno de La Rioja”, apuntó la abogada Giselle Videla, integrante del colectivo Justicia por Arcoíris, y que el acusado “es director de despacho de justicia, lo que significa que tiene contactos con el poder político y judicial provincial”, uno de ellos con una importante miembro del Tribunal Supremo de la provincia.
La madre de la niña, Delfina, hizo en total cinco denuncias ante la Justicia de La Rioja, la primera en 2018, la segunda en 2019 y otras tres en 2022. En estos últimos casos se trató de “hechos nuevos y que ya contaron con protocolo médico que logró establecer qué tipo de abuso había sufrido la niña”, puntualizó Videla. Y siguió: “La Justicia cajonea estas investigaciones y desoye tanto a la niña, como a la madre y las pruebas que presentaron”.
Aún más, la madre fue “criminalizada” por proteger a su hija, acusó la abogada. “En tiempo récord la Justicia riojana imputó a Delfina por impedimento de contacto y desobediencia a la autoridad. Erróneamente, porque Delfina simplemente está protegiendo a su hija de ser víctima de más situaciones de abuso y acompañando la voluntad de su hija, que se ha cansado de repetir en instancias judiciales que ella no desea ir con su padre y que desea vivir con su madre”.
¿Por qué manifiesta esto? “Porque el padre es quien habilita las situación de abuso que sufre la niña -definió Videla-. Está denunciado como partícipe necesario de los abusos, porque pese a haber una orden de restricción de contacto entre el abuelo y la niña, cada vez que ella volvía de las visitas con su padre manifestaba haber estado en contacto con el abuelo y haber sido víctima de nuevas situaciones de violencia sexual. Es una madre que está siendo criminalizada y perseguida políticamente por la Provincia de La Rioja. Y es por eso tuvieron que recurrir al exilio”.
Fuente: Diario Popular
