Se trata de unos 300 millones de pesos, que estarán disponibles para que las cooperativas lleven adelante obras y administren recursos.
Luego de la decisión del presidente Alberto Fernández, de congelar por decreto la designación de nuevos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, y la queja de las organizaciones sociales que administran dichos recursos, el Gobierno otorgó parte de la obra pública a las cooperativas que dependen de dichas agrupaciones.
De este modo, a través del decreto728, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció: “El otorgamiento del 30 % de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda”.
Por lo que con un monto de hasta trescientos millones de pesos, las Cooperativas del Trabajo de la Economía Popular podrán participar de proyectos de obra pública, respetando la “especialidad” de las mismas para la adjudicación de obras y habrá diferentes modalidades de contratación.
El decreto firmado por el mandatario, durante una reunión con los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, intenta apaciguar el enojo de las organizaciones y contener las protestas de cara a un diciembre más que conflictuado y un nuevo año electoral.
Además, la normativa labrada en consenso con los referentes de los principales movimientos sociales, que están dentro del Frente de Todos, dispone que los recursos que se usaban para los planes serán destinados a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral. Reconoce a la actividad de la economía popular, mediante la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.
También, otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda. En tanto, instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a priorizar a los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al programa “Puente al Empleo”.
