La diva asegura que no defraudó al fisco y que no ha cometido delito alguno.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a Susana Giménez luego de que se negara a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019, un paso previo indispensable para pagar dicho impuesto. En este sentido, el ente recaudador le reclama a la diva una suma total de $300 millones, con la que podría extinguir la acción penal.
Si bien la conductora respondió a los requerimientos previos, que es la declaración jurada de patrimonio -entre otros trámites-, se negó a presentar la DDJJ del impuesto al exponer que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es “confiscatoria”.
En ese sentido, la popular figura del espectáculo solicitó una cautelar que fue rechazada por el juzgado. Tras esto, recibió otra negativa en julio de 2022 porque “no se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración”.
Desde la AFIP comunicaron que “no existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal. Salió sorteado el Juzgado Penal Económico número 5, a cargo del Dr. Diego Amarante”.
El organismo también informó sobre la situación de la diva, exactamente sobre si podría ir presa o no: “Dado los antecedentes de la contribuyente, es difícil que esto suceda, con lo cual el juez debería dar curso a la denuncia, pedir
