Durante el mes de mayo se realizaron siete audiencias públicas que abarcaron todas las regiones del país.
La actual Ley 22.431 de Discapacidad fue dictada en 1981, con una concepción de la discapacidad con anclaje médico, proteccionista y asistencialista.
En el marco del debate para el diseño del proyecto de una nueva Ley de Discapacidad que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, anticipó que ese organismo “está en proceso de establecer una encuesta nacional” que recabe información de la población.
“Superado el censo, estamos en el proceso de establecer una encuesta nacional de discapacidad. Nos va a permitir ir más allá y conseguir información importante para el diseño de las políticas y de las herramientas que el Estado tiene hoy”, precisó Galarraga al exponer ante la comisión de Discapacidad de la Cámara baja.
El funcionario continuó este miércoles con la exposición que inició hace una semana ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, en la que había adelantado que “en las próximas semanas” el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el nuevo proyecto de ley en la materia.
Tras finalizar las siete audiencias públicas realizadas en distintos puntos del país que se realizaron durante el mes de mayo para recoger inquietudes y reclamos de cara a la definición de una nueva Ley de Discapacidad, el proyecto será enviado en las próximas semanas al Congreso.
“Hay una fuerte decisión política del Gobierno nacional de facilitarle la vida a las personas con discapacidad y darles pleno ejercicio de sus derechos. Queremos restituir y ampliar esos derechos”, aseveró Galarraga.
La actual Ley 22.431 de Discapacidad fue dictada en 1981, en el marco de la última dictadura militar, con una concepción de la discapacidad con anclaje eminentemente médico, proteccionista y asistencialista.
Ese enfoque entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho, lo cual anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención “diferenciales y segregacionistas”, señalan desde el Gobierno.
El Ejecutivo enviará al Congreso busca avanzar con una reforma integral que “garantice la igualdad y la autonomía de todas las personas con discapacidad”, aseguran desde la Andis.
Además, señalan que “es fundamental, para el proceso de gesta de una nueva ley marco en discapacidad, generar instancias de diálogo e intercambio plurales y federales que recopilen los aportes y opiniones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, las organizaciones de y para personas con discapacidad, organismos públicos cuyas competencias funcionales se vinculen con la temática, sindicatos, universidades, y todos los sectores clave”.
