El fiscal general José Luis Agüero Iturbe reclamó que se anule el fallo de la Cámara Federal porteña y achacó no haber analizado el avasallamiento de los derechos de las víctimas.
El fiscal general José Luis Agüero Iturbe reclamó que se anule el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan y calificó esa resolución como arbitraria.
Para el fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal debe anular el fallo dictado por el tribunal de apelaciones y Macri, que había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, debe ser vuelto a indagar en Comodoro Py dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado.
El fiscal Agüero Iturbe fue crítico de lo resuelto por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes achacó no haber analizado debidamente el avasallamiento del derechos de las víctimas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal.
Esos camaristas sostuvieron en su fallo del pasado 15 de julio que las maniobras investigadas como espionaje ilegal eran, en realidad, tareas de inteligencia habilitadas en el afán de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri.
Remarcó que, por el contrario, “se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos”.
“Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, enfatizó.
En esta causa se investiga la presunta obtención de información y producción de inteligencia ilegal sobre los familiares y allegados de las víctimas del Submarino ARA San Juan y los buques “El Repunte” y “El Rigel”.
Las actividades de inteligencia habrían tenido, según la investigación, la particular finalidad de influir en la situación política e institucional del país, puntualmente en los reclamos que realizaban los allegados a quienes perdieron sus vidas en las embarcaciones mencionadas.
En diciembre pasado, el juez federal de Dolores, por entonces a cargo de la investigación, consideró que las acciones supuestamente cometidas -de obtención de información y producción de inteligencia- buscaban en definitiva influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento.
