Es por los delitos que se cometen desde la cárcel. Le reclaman a Kicillof que derogue el protocolo de uso de móviles que entró en vigencia por la pandemia.
Un grupo de diputados de la oposición le reclamaron al Gobierno bonaerense que derogue el protocolo de uso de teléfonos celulares en las cárceles que entró en vigencia con la pandemia de coronavirus con lo que, aseguraron, buscan controlar los delitos que se cometen desde dentro de esas instituciones.
El proyecto que lleva la firma de Alex Campbell, Matías Ranzini, Juan Carrara y Johanna Panebianco, todos de Juntos, afirma que es “imperioso” derogar el protocolo “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”.
El protocolo entró en vigencia en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de coronavirus y el inicio de las restricciones a la circulación. Según la justificación de las autoridades, la prohibición del uso de teléfonos móviles en plena cuarentena anulaba “toda posibilidad de contacto de los internos con sus familiares”.
El Tribunal de Casación Penal estimaba que el permiso estaría vigente mientras se prolongara el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus. Además, instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense a crear un protocolo normativo.
“No entendemos por qué tal medida se extendió infundadamente más allá del plazo establecido expresamente por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia”, señalaron Campbell y Ranzini. Añadieron que, diez meses después desde el fin del ASPO, tanto el uso de teléfonos móviles como los allanamientos en penales por delitos intramuros siguen creciendo. Y, además, se tornan cada vez más complejos.
“No fue suficiente para el Gobierno provincial el hecho de no apelar la decisión judicial de liberar presos con la excusa de la pandemia, sino que también pusieron en funcionamiento dicho Protocolo que hoy ya trae aparejado más problemas que soluciones al no ponerle fin, porque la gente se debe cuidar también de los delincuentes que operan desde dentro de las penitenciarías con un uso no controlado de los teléfonos celulares”, siguieron los diputados bonaerenses.
En ese sentido, añadieron: “La utilización de la telefonía móvil y el acceso a Internet que se ha brindado a través de la decisión de la Provincia posee grandes riesgos asociados a la seguridad que, si bien no resultan insalvables, son de compleja y costosa gestión y prevención”.
Por último, al mismo tiempo que le pidieron a Kicillof instrumentar medidas para propiciar el contacto entre los presos y sus familiares, los legisladores solicitaron “de manera urgente que se ponga fin al protocolo
