Establece un nuevo programa de regularización de deudas previsionales para aquellos que estén a punto de jubilarse. En qué consiste y cuánto le costará al Estado.
El proyecto, que se giró a la Cámara de Diputados, se aprobó con 38 votos positivos del bloque oficialista, que sumó el apoyo de los senadores Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro), Clara Vega (Hay Futuro) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal). El interbloque de Juntos por el Cambio votó dividido: 18 senadores se abstuvieron mientras que otros seis (en su mayoría de Pro) votaron en contra.
El Gobierno miró de reojo lo que ocurrió en el Senado, territorio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. De hecho, pese a la relevancia del proyecto y de su impacto fiscal, Guzmán no fue invitado a las comisiones del Senado mientras se discutió el dictamen, señal que refleja las serias divergencias que enfrentan al kirchnerismo con el ministro de Economía.
De hecho, la senadora Juliana Di Tullio, una de las alfiles de la vicepresidenta y titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, confesó en su discurso que no consultaron al ministro Guzmán al elaborar el proyecto. “Yo la verdad que no le pregunté al ministro, le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS”, expresó y agregó “las iniciativas legislativas, en general, no le preguntamos a los ministros”.
El proyecto de ley, que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 742.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año, va en sentido contrario a dos puntos centrales del acuerdo que el gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI): significaría más emisión y además rompería uno de los puntos a los que se comprometió Guzmán con el staff del Fondo.
Según una estimación hecha por el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, si adhieren en el corto plazo a este beneficio unas 750.000 personas y si se considera una prestación promedio de $40.000 mensuales, a la cual habría que restarle el monto de las cuotas previstas por el plan (las cuotas tanto de quienes se jubilen enseguida, como las de quienes se inscriban estando aún en edad activa), podría haber un costo inicial de $26.000 millones cada mes, lo cual representaría unos $338.000 millones en un año, incluido el aguinaldo.
A esa cifra habría que descontarle, en rigor, el costo que supondría que algunas de esas personas obtuvieran, en caso de no existir el nuevo plan de pagos, una prestación ya vigente, como la PUAM.
El kirchnerismo cerró filas y acusó a la oposición de “no tener corazón” al no apoyarlo. “Esta iniciativa va de la mano de la justicia social y de la solidaridad. No votarla es no tener corazón, es como cuando votaron a favor del sistema de AFJP”, enfatizó al cerrar el debate el jefe del bloque oficialista José Mayans.
Detalles del proyecto
El proyecto girado a la Cámara baja establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Desde el interbloque Juntos por el Cambio, las distintas voces reclamaron -en vano- que la iniciativa sea debatida en la Comisión de Presupuesto para que los funcionarios del Ministerio de Economía expliquen si esta moratoria va en línea o no con los compromisos asumidos con el FMI. “La Argentina se comprometió a hacer un estudio del sistema previsional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit”, advirtió el radical Víctor Zimmermann, quien contradijo a Di Tullio. “Es necesario e importante convocar a los miembros del equipo económico, a los encargados del sistema previsional, para ver qué impacto podría tener”.
“Todos sabemos que el sistema previsional argentino está a punto de colapsar”, señaló, por su lado, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien puso en tela de juicio la sustentabilidad de esta moratoria. “No es sostenible, no soluciona el problema de fondo, no es previsible y perjudica al que aporta porque se lo queda el Estado”, completó.
Por su parte, el senador Martín Lousteau anticipó la abstención de un sector del interbloque. “Las últimas tres moratorias se hicieron en años no electorales para que tengan impacto en los años electorales. Estas moratorias no proveen ninguna solución estructural y contienen enormes inequidades”, sostuvo.
Desde el oficialismo, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, una de las autoras del proyecto, advirtió que, de no aprobarse, “solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones” en edad jubilatoria. Y embistió contra la oposición. “¡Siempre ponen excusas cuando no quieren acompañar algo que beneficia a la gente!”, asestó.
Fuente: DIB.
