Iniciativa busca empoderar a jefes comunales a la hora de defender derechos de los consumidores. Le apuntan a los grandes monopolios y las multas irán hasta los $50 millones. Desde Juntos dicen que no van a "perseguir ningún comerciante".
La iniciativa presentada por el senador Paco Durañona le da a los jefes comunales la posibilidad de apercibir, multar, decomisar mercadería, clausurar y quitar concesiones y licencias ante desvíos de precios.
El Frente de Todos presentó este miércoles un proyecto de ley que tiene como fin controlar, detectar y sancionar el abuso de precios en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa que ya había sido aprobada en 2020, pero que perdió estado parlamentario luego de no tratarse en la Cámara baja, empodera el rol de los intendentes y los pone al frente de una cruzada en defensa de los derechos de los consumidores.
Para esta nueva versión del proyecto, el senador bonaerense y exintendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, sumó el apoyo del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, (no estuvo en la presentación por “razones de agenda”) y del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. La venia del lomense es crucial para que la iniciativa sea aprobada debido a su fuerte llegada a la Cámara baja que, justamente, tiene como presidente a su delfín, Federico Otermín.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante la reunión con el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, y su vicepresidente, Gustavo López.
“La Secretaría de Comercio Interior no cuenta con los inspectores necesarios para poder llevar adelante esta tarea. Es por eso que los intendentes, junto a sus equipos y a la asociación de consumidores y los propios vecinos que hagan las denuncias, contarán con las herramientas necesarias para no permitir la distorsión de los precios, ni el abuso en las cadenas de distribución”, aseguró Durañona, en diálogo con Ámbito.
Con la normativa vigente, los municipios no tienen el poder de llevar un control efectivo ya que, lo único que pueden hacer, es certificar las denuncias de los vecinos y enviar el expediente a la Secretaría de Comercio Interior. “Si no tenemos la posibilidad de que los intendentes puedan inspeccionar o sancionar cualquier tipo de distorsión, se hace imposible que pueda funcionar como corresponde”, agregó el senador bonaerense. La iniciativa apunta a los grandes monopolios, donde se concentra la producción. Y, también, a las cadenas de supermercados con el fin de terminar con los formadores de precios.
Como herramienta esencial, los jefes comunales tendrán la posibilidad de apercibir, multar, decomisar mercadería, clausurar, quitar concesiones y licencias. Las penas económicas van de los 10 mil a los 50 millones de pesos. “Estoy seguro que la medida va a ser muy efectiva para aquellos que se arremanguen y empiecen a sancionar en coordinación con la Secretaría de Comercio Interior. Está claro que no va resolver el problema de la inflación, pero va a ser una política muy clara”, sostuvo Durañona.
Como era de esperar, el proyecto no tuvo el mejor de los recibimientos en la oposición. Y desde Juntos no tardaron en contestar. “Quiero decirles a los más de 6 mil comerciantes de Lanús, que este intendente ni ningún agente municipal van a perseguir ni cerrar ningún comercio de barrio”, manifestó el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Desde Tres de Febrero y Mar del Plata también habían dejado en claro que no saldrían a hacer ningún tipo de control.
