El proyecto por Buenas Prácticas Agropecuarias establece una serie de incentivos como desgravaciones impositivas, asistencia crediticia y ANR.
Las comisiones conjuntas de Asuntos Agrarios y Pesca y Medio Ambiente de la Cámara de diputados bonaerense aprobó un proyecto que busca ampliar en la provincia una ley marco para la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias.
El objetivo de la iniciativa presentada por la diputada de Juntos, Felicitas Beccar Varela, es que los emprendimientos agrícolas, ganaderos, apícolas, mixtas, frutícolas, y hortícolas se beneficien en forma directa certificando que han aplicado las Buenas Prácticas Agropecuarias en el proceso de producción.
En este sentido, la legisladora destacó que la intención es “generar un marco regulatorio que premie la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias para la bioeconomía de nuestra provincia”.
“Creemos que es importante generar incentivos positivos para quienes producen cuidando los recursos naturales, el medio ambiente y con ellos a las comunidades, en vez de castigar a quienes no lo hacen sin perjuicio de los apremios y penas que existen en las normas que protegen concretamente al desarrollo sostenible”, agregó Felicitas Beccar Varela.
En tanto, el proyecto busca mostrar los impactos positivos que la producción puede tener en la sociedad y el ambiente. “Quienes trabajan son los primeros y más interesados cuidadores de los recursos naturales, entienden y sienten muy bien este compromiso con la protección de su entorno”, afirmó Felicitas Beccar Varela.
Según detalló la diputada provincial de Juntos La ley de Buenas Prácticas Agropecuarias establece una serie de incentivos, como desgravaciones impositivas, asistencia crediticia y ANR.
Asimismo, la aplicación de esta ley garantiza que la producción se lleve adelante con un estándar mínimo de base que promueve un impacto social y ambiental positivo, generando una nueva cultura, nutriéndose y actualizándose por programas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo pero trascendiendo las gestiones coyunturales para brindar seguridad jurídica en políticas públicas troncales sostenidas a largo plazo.
