Confederaciones Rurales Argentinas dio a conocer un comunicado en que fija su posición sobre la controvertida medida de las clases presenciales en el AMBA , la decisión de la Corte Suprema y la reacción del gobierno.
La imposibilidad de construir acuerdos sobre el dictado de clases presenciales en el ámbito geográfico del AMBA, originó una escalada política que culminó en la judicialización del decreto DNU 241/2021 dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
La Corte Suprema de Justicia dictó su sentencia y desde allí, hemos asistido; absortos; a una incalificable sucesión de improperios, descalificaciones, amenazas e imputaciones cuestionando el fallo, expresiones que debilitan el sistema institucional en el que los argentinos hemos elegido vivir.
La idea primigenia de República se centra en la división de Poderes y el respeto al funcionamiento libre e independiente de los mismos; así como el control reciproco entre ellos. La Justicia; por lo tanto; merece y debe ser respetada y acatada dentro del marco que nos imponen las leyes y sus aplicaciones a la vida cotidiana.
Las palabras emitidas por el Presidente de la República, seguidas de expresiones similares por la vicepresidente, ministros y altos funcionarios, denostando a la Corte, imputándole parcialidad política y amenazando con ignorar el fallo en cuestión, nos colocan en un estadio institucional de extrema gravedad. Si quienes están obligados a conducir con el ejemplo, nos indican que las sentencias de máximo Tribunal pueden eludirse, ya nada queda como concepto de administración de Justicia y nos retrotraen a los años más oscuros de nuestra formación institucional, en donde la fuerza y el caudillismo constituían la razón de quienes gobernaban.
En plena pandemia, rodeados de enfermos y muertos y sumergidos en un mar de incertidumbre, asistir a un rosario de conceptos agraviantes hacia la Corte Suprema, genera más angustia y más desasosiego; Si el Sr. Presidente y sus colaboradores más cercanos descalifican de manera grosera al máximo órgano del Poder Judicial, dejan al ciudadano común en una situación de grave vacío legal y desconcierto sobre los límites y derechos de cada uno de nosotros.
El concepto de ¨golpe blando¨ o frases similares, proveniente de los más altos funcionarios públicos de la Nación estremece y pone al país en vilo, justamente cuando necesitamos prudencia y tranquilidad en la sociedad, conducción, dialogo, consensos y soluciones a los gravísimos problemas que enfrentamos.
Quitar del discurso público la división permanente del ¨ellos¨ o ¨nosotros¨, debe ser para todos, un imperativo de conducta, ensanchar la grieta solo nos debilita como sociedad, nos aleja y nos asoma peligrosamente a lugares a los que nadie quiere llegar.
Judicializar la política es siempre un fracaso de la misma, ahora; cuando la Justicia se expresa y dicta su fallo; sólo queda la obligación de acatarla, respetarla y cumplirla, al menos para quienes soñamos vivir bajo el imperio de la Constitución Nacional.
