El pedido fue formulado al Ministro de Desarrollo y Hábitat de la Nación para que garantice la vivienda a quienes viven en asentamientos informales.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió al Gobierno nacional que se prorrogue el vencimiento de desalojos y el congelamiento de alquileres, cuya finalización había quedado fijada para el 31 de marzo de este año.
Asimismo, se instruye a la Legislatura bonaerense para que dé tratamiento legislativo a una iniciativa que extienda los plazos de la ley 15.172 y las disposiciones que fijaban la suspensión de desalojos y el congelamiento de alquileres.
El organismo encabezado por Guido Lorenzino, consignó también que acompañó una declaración hecha por organizaciones, legisladores e instituciones que integran el Consejo Provincial de Hábitat bonaerense para que se mantenga lo dispuesto por estas medidas.
En el documento presentado, se puso en relieve la “preocupación por la situación de los hogares inquilinos y de quienes habitan en villas y asentamientos” ante el vencimiento de las disposiciones adoptadas al inicio de la pandemia.
“Prorrogar la vigencia de las disposiciones que protegen a las familias que alquilan y que habitan en asentamientos informales resulta indispensable para contar con un plazo para abordar salidas a la crisis habitacional profundizada por la pandemia”, expresó Lorenzino.
Vale recordar, que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que no se extenderá nuevamente el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos sino que se hará uso de las herramientas de la nueva Ley de Alquileres.
"La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya que no va a haber extensión del DNU", expresó el funcionario y agregó que "lo más fuerte en la reglamentación es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos".
El decreto, que vence el 31 de este mes, fue firmado durante la pandemia para evitar que los inquilinos tuvieran dificultades económicas. De esta manera, quienes rentaban una vivienda se vieron beneficiados con el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de desalojos.
