Según el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 2 de cada 10 muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes.
Jueves, 31 de octubre de 2019.
Los últimos indicadores oficiales muestran que, en solo dos años, se duplicaron los casos de muerte por sobredosis. En ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello reiteró el pedido para que se declare la emergencia en materia de adicciones y alertó sobre las consecuencias de la creciente judicialización de consumidores.
El último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), publicado en 2019 con datos de 2017, muestra que 2 de cada 10 muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes. Del total de estas muertes la mayoría corresponde a varones, significando el 69,4% y una tasa bruta de 77 cada 100.000 habitantes, frente al 30,6% de defunciones femeninas y su correspondiente tasa bruta de 33,3 casos cada 100.000 habitantes.
“Uno de los datos más alarmantes, es el incremento exponencial de los decesos por sobredosis: el último indicador oficial evidencia que se registraron 100 casos en un año, prácticamente el doble que en 2015”, agregó Martello.
Ante estos datos, el Defensor del Pueblo Adjunto denunció que se aplican más recursos a iniciar procesos penales a consumidores de drogas que a los programas nacionales de prevención y asistencia a las adicciones.
“El Estado está dilapidando cada vez más recursos en someter a consumidores y adictos a burocráticos procesos penales, que por lo general terminan archivados, mientras se registran muy pocos avances en el combate del financiamiento y del lavado de dinero de las grandes estructuras narcocriminales”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto.
Teniendo presente que entre 2011-2018 se iniciaron en la Justicia Federal unas 65.492 causas por tenencia para consumo personal, se puede determinar que el Estado nacional gastó cerca de 655 millones de pesos durante ese período. En tanto, sí también se toman como referencia las estadísticas informadas por el Ministerio Público bonaerense, el costo que tuvo que afrontar la Provincia ascendió a más de $1.048 millones en ese mismo período.
Fuente: InfoGEI
