La Dirección de Hidráulica de la Provincia, la subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación y los municipios que conforman la Cuenca del Salado A 1, insisten en tener más precisiones sobre la decisión de los santafecinos de abrir un paso hacia territorio bonaerense para bajar el nivel de la laguna.
Lunes 15 de abril de 2019.
Luego de una reunión entre la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, la subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación y los municipios que conforman la Cuenca del Salado A 1, se le requerirá al gobierno santafesino la presentación del proyecto en los términos correspondientes. El encuentro tuvo lugar a raíz de la preocupación por parte de los distritos del noroeste bonaerense luego de la apertura de un canal de manera unilateral e inconsulta en el espejo de agua.
Asimismo, las autoridades pertinentes convocaron a una nueva reunión que tendrá lugar el próximo 30 de abril y de la que participaran los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En caso de no llegar a algún tipo de solución por medio del diálogo, no descartan recurrir a la instancia de la Corte Suprema de Justicia para que dirima el conflicto.
Al respecto, el Arq. Marcelo Balestrasse, Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno de Junín, manifestó que “el motivo de la reunión fue que tanto Junín como los municipios de la cuenca del río Salado, en lo que comprende la Región A1, nos encontramos en situación de preocupación a raíz de la apertura de un canal por parte de la provincia de Santa Fe de forma unipersonal e inconsulta, con el objetivo de que el agua de La Picasa baje por gravedad”. Seguidamente, detalló que “lo que hizo Santa Fe fue cortar una loma para abrir un canal de 2500 metros, que va hasta el canal existente para que el agua baje sin bombeo”.
“Al ser siempre negado por la Provincia, nuestra preocupación fue elevada a la Dirección Bonaerense de Hidráulica y a la subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, quienes nos convocaron para explicarnos qué es lo que se hizo desde el 1999 hasta la fecha y qué es lo que se va a hacer de ahora en más. Fue un encuentro muy productivo de casi tres horas en las que se trataron cuestione muy técnicas, pero en síntesis podemos decir que Buenos Aires exigirá al gobierno santafesino que presente el proyecto en los términos correspondientes para poder evaluar el impacto que traerá a la región”.
“Por otro lado, se convocó a una nueva reunión que tendrá lugar el próximo 30 de abril y que será interjurisdiccional ya que formarán Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La idea es que todas las partes estén presentes para discutir esta problemática ya que consideramos que reviste una importante gravedad institucional”, destacó el arquitecto.
En el caso de que Buenos Aires y Santa Fe no logren llegar a un acuerdo, Balestrasse señaló que “el Gobierno Bonaerense llamará a una junta en la que se convocarán a los equipos técnicos de las tres provincias mencionadas para tratar de encontrar una solución. Considero que vamos a poder llegar una solución; los caminos de Buenos Aires siempre son institucionales y queremos conocer bien el proyecto para determinar los peligros. Sin embargo, si sucede que luego de la junta no hay un acuerdo, entonces sí tendremos el recurso de la Corte Suprema para dilucidarlo en esa instancia”.
Si bien el Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas afirmó que “hoy no estamos en condiciones científicas y técnicas de decir cuál será el impacto”, también se encargó de llevar calma a la población: “No quiero que los vecinos piensen que porque se abrió un canal va a venir el agua de La Picasa como un tsunami hacia acá, sino que, simplemente, mandarán agua por una vía que no es autorizada de una cuenca endorreica y que lo que va a haber es un trasvasamiento de cuenca que se reflejará la distinción de la calidad del agua”.
“Son discusiones provinciales en lo que respecta al manejo del agua, que constituye una cuestión por la que hay que ser siempre muy respetuosos. Por eso, la idea es ponerle un freno administrativo y jurídico a esta decisión unilateral. En este sentido, en los próximos meses se realizará una evaluación con las acciones a continuar por parte de Buenos Aires y, por supuesto, de todos los municipios en cuestión”, concluyó.
