El diputado bonaerense de Cambiemos Guillermo Castello presentó ayer, tal como había anunciado, el proyecto de ley para que aquellos que participen de “piquetes” dejen de recibir planes sociales al señalar que “el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.
Jueves 14 de febrero de 2.019.
“Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida”, propuso en su proyecto Castello, un representante de la Coalición Cívica de Mar del Plata.
En la presentación, que se realizó mientras los llamados movimientos sociales salieron a la calle en una jornada nacional de protesta contra el Gobierno, el legislador por Mar del Plata argumentó que “el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.
Castello contempló también en su iniciativa sanciones para las agrupaciones que realicen piquetes al señalar que “las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados, serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica”.
El proyecto admitió el supuesto de que se revierta la suspensión “si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas”.
“El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito”, lanzó Castelló quien remarcó que “los argentinos somos rehenes de los piqueteros. Se han adueñado del espacio público”.
