El proyecto de ley fue presentado por el diputado provincial de Cambiemos, César Torres. El mismo tiene como premisa obligar a los funcionarios de la gestión bonaerense a incluir en sus declaraciones juradas sus antecedentes laborales.
Domingo 27 de mayo de 2018.
El conflicto que generó en la provincia de Buenos Aires un eventual desembarco de la cadena Farmacity cuyo control aun tiene el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, parece dar al oficialismo el ímpetu para establecer normas y así evitar el "conflicto de intereses" que hace tener bajo la lupa a algunos funcionarios del gobierno nacional.
La iniciativa, que tomó estado parlamentario este jueves, indica que todos aquellos funcionarios que estén o tengan intenciones de estar en la función pública de la provincia de Buenos Aires deberán presentar dentro de sus declaraciones juradas sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses y de acuerdo a los principios de integridad que puedan existir.
Al respecto, el autor del proyecto, César Torres, remarcó que el mismo "va en sintonía con las reformas que propone la gobernadora María Eugenia Vidal respecto de la institucionalidad y transparencia en la gestión".
"Creemos que para tener una provincia ordenada y controlada en todos sus ámbitos debemos también evitar posibles inconvenientes institucionales con funcionarios en el futuro", precisó el legislador oficialista.
Y agregó: "En el caso de que se encuentren graves inconsistencias, omisiones y/o irregularidades una autoridad de aplicación se encargará de trabajar en ese sentido y podrá pedir una reparación al respecto".
En este caso, según el artículo sexto, la autoridad de aplicación podrá "separar al funcionario de la función pública o la intervención de otras autoridades para evitar un conflicto de interés o alguna irregularidad, según el caso".
