Lunes 9 abril de 2018.
La dura sequía que desde octubre pasado derrumbó los rindes y afectó la calidad de los cultivos de soja, maíz y girasol a lo largo de unas 13 millones de hectáreas en la provincia, a lo que hay que sumar una caída importante en la producción de carne, está tendiendo efectos perjudiciales en la economía de las poblaciones del interior bonaerense que están directamente asociadas a los resultados que obtenga el agro.
“Si se para el campo, acá pierden todos” suele ser el lugar común con el que se describe el vínculo de dependencia entre la producción agropecuaria y el universo de bienes y servicios que se mueven a su ritmo. Los economistas lo llaman la “cadena comercial” y consiste, por ejemplo, en los fletes que debe contratar un productor para transportar sus productos, que a su vez se multiplican en sueldos de choferes, ventas de gasoil, de neumáticos y de repuestos.
Si esa “plata en la calle” da buena parte de la tónica económica en el interior, en este semestre el panorama luce sombrío. La reducción del 60% en el promedio de las precipitaciones entre octubre y febrero que registró el ministerio de Agroindustria en el 70% de las hectáreas cultivables produjo un reducción de entre 10 y 12 millones de toneladas de granos de la producción total prevista de 44 millones, según publicó hoy el diario Extra, que edita agencia DIB.
Para la cadena comercial el impacto es de al menos 733 millones de dólares, unos 15.026 millones de pesos que faltarán de los 54 distritos que están afectados de manera principal, según una estimación de Carbap. Ese impacto ya tiene lugar, por el efecto de la falta de agua en los cultivos de soja, maíz y, en menor medida porque es más resistente el girasol. Se trata de la cosecha gruesa que por la época del año en que se dio el fenómeno climático es la que resultó afectada.
Desde el punto de vista técnico, el impacto en la economía de los pueblos se replica en los fiscos, nacional y provincial, que dejan de percibir impuestos y derechos de exportación por otros 733 millones y por los productores ?las personas físicas y las empresas- que pierden ingresos por un monto similar, parte de los cuáles también se canalizan a las economías locales.
Más difícil
El impacto en la ganadería es más difícil de estimar, ya que se trata de calcular, entre otras cuestiones, cuántos terneros menos nacerán producto de la mala alimentación de las vacas debido a los pastos ralos producto de las pocas lluvias. Pero ya se sabe que en la Provincia ?que dedica 15 millones de hectáreas a esa actividad- el stress hídrico que afectó a buena parte de las 20 millones de cabezas existentes implica retirar de la cadena comercial unos 2.050 millones de pesos o 100 millones de dólares.
A diferencia de lo que ocurre con la agricultura, el impacto aquí está secuenciado: parte de él se dará en la primavera, cuando baje el nivel de pariciones previstas para esa fecha. En términos comerciales, en la provincia habría una caída de producción de 120 mil toneladas, lo que primero contribuiría a hacer descender los precios ya que derivó en una reducción del peso de faena y, hacia 2019 los elevaría.
Ayuda actual, discusión futura
El jueves próximo a las 10:30 en La Plata volverá a reunirse la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA) de la provincia, algo que no ocurría desde el 31 de enero. En ese período se produjo lo más duro de la sequía, pero en un marco de tensión entre la gobernadora María Eugenia Vidal y la dirigencia ruralista, el organismo, encargado de tramitar los pedidos de emergencia que cursan los productores, no tuvo actividad.
Ahora, tras el reacercamiento que se produjo en la reunión de la Mesa Agropecuaria de hace dos semanas, el gobierno se apresta a avanzar con la declaración de emergencia para los distritos de Adolfo Alsina, Alberti, Bahía Blanca, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Castelli, Coronel Suárez, Daireaux, General Alvear, Belgrano, Guaminí, Junín, Navarro, 9 de Julio, Olavarría, Pergamino, Puán, Ramallo, Saavedra, Saladillo, Torquinst y 25 de Mayo.
Esa lista, que puede ampliarse en las próximas horas, forma parte de esquema de contención del impacto entre los ruralistas más inmediato. El ruralismo pide que se complemente con la vuelta a las reuniones mensuales o incluso quincenales de al CEDABA, aunque reconoce que el Banco Provincia “hizo punta” en la asistencia a los productores flexibilizando el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada.
Pero al mismo tiempo, desde hace unos meses el gobierno trabaja en un nuevo sistema de atención de las emergencias que reemplace el esquema de prórrogas impositivas y subsidios para avanzar en un modelo inspirado en el que rige en Australia y Estados Unidos, basado en seguros paramétricos y fondos rotatorios. El proceso, de todos modos, es muy lento. Una idea que el ruralismo rechaza es la de utilizar los CUIT de los productores a la hora de definir las emergencias. La atribuyen al ministerio de Economía, que conduce Hernán Lacunza. (DIB)
