Miércoles 28 de febrero de 2018.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reveló que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley sobre financiación de los partidos políticos, que incluirá la posibilidad de que las empresas aporten a las campañas electorales.
En la apertura del seminario “Financiamiento de los partidos políticos en la Argentina, diagnóstico y desafíos” en la Casa de Gobierno, Frigerio aseguró que la idea que tienen es la de “restringir la publicidad oficial de los actos de gobierno” además de que “durante toda la campaña los oficialismos no puedan aprovechar la ventaja relativa que tienen al estar a cargo” de la administración pública, sea nacional, provincial o municipal.
El proyecto del Ejecutivo prevé que, aquellas empresas que sean aportantes de los partidos políticos tendrán un tope de 3% sobre el gasto permitido por campaña.
Según analizaron ayer en gobierno, ese porcentaje evitaría el riesgo de que algún aportante privado presione luego al Gobierno para quedarse con licitaciones, porque tendrían una participación pequeña sobre el total de lo aportado.
Además recalcaron que no van a poder aportar las empresas de servicios públicos y las compañías que sean contratistas del Estado cuando se realice la elección.
Esto, sin embargo, no tendría un efecto a futuro, ya que aquellas empresas que hayan aportado no estarán imposibilitadas de participar en las licitaciones que se realicen después de las elecciones.
Con respecto a los plazos, Frigerio aseguró que esperan enviar el proyecto de este año al Congreso, para que esté aprobado antes de la campaña electoral de 2019.
El ministro del Interior adelantó que, entre alguno de los detalles, la iniciativa buscará implementar una “bancarización total de todos los aportes partidarios” y un “sistema de carga de la información en tiempo real para que se pueda controlar cada paso que se da en el manejo de dinero partidario”.
Adrián Pérez se mostró confiado en que, en el próximo período de sesiones ordinarias, el Congreso sancione la ley de financiamiento de los partidos políticos, tendiente a “transparentar” la política mediante el “control de parte de la justicia y del ciudadano”.
