El servicio de la empresa estatal no mejora y los distritos que la tienen como prestadora buscan la manera de abandonar el barco. Para colmo, se aprobó un aumento del 40 por ciento en la tarifa.
Jueves 15 de febrero de 2018.
El nuevo aumento tarifario por parte de la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) aportó la gota que rebasó el vaso. El incremento del 40% en las facturas puso en el ojo de la tormenta a la dirección encabezada por Raffaele Sardella, un alfil ligado a las empresas privadas del Grupo Macri y de extrema confianza para Franco y Mauricio que, en diciembre del 2015, tomó la conducción del ente que debe velar por una correcta prestación de los servicios de agua potable y cloacas a 79 localidades de la Provincia.
Pero, lejos del espejo sciolista en el que Cambiemos no quiere reflejarse, a más de dos años de su desembarco, la gestión de Sardella no sólo incrementó la factura que les llega a los bonaerenses por un servicio que no se presta de manera correcta, sino que también hizo subir la bronca de intendentes y usuarios.
Ergo, jefes comunales de todos los signos políticos volvieron a agitar el pedido de municipalizar el servicio. El quid de la motivación para sacarle la prestación a la Provincia apunta a tener el control de una prestación por la que los alcaldes viven recibiendo quejas pero no pueden resolver ninguna.
Uno de los primeros en retomar la idea de absorber ABSA en la era Cambiemos fue el mandamás de Carlos Casares, Walter Torchio (FpV), quien en febrero del 2016 batió el parche: “Debido a que el servicio no funciona correctamente y recibimos innumerables quejas de nuestros vecinos, le voy a proponer a la gobernadora María Eugenia Vidal que se hagan las inversiones correspondientes y, luego, que sea el municipio quien gestione y brinde el servicio”.
Aún a la espera de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo provincial, el casarense no ocultó su malestar por el aumento tarifario. “Sin lugar a dudas, es inaceptable que permitan un au-mento a ABSA, cuyo servicio es deficitario y, hasta en algunos casos, inadecuado para la salud del vecino, y en donde algunas inversiones debe asumirlas el Municipio”.
A poco más de 50 kilómetros de allí, en Pehuajó, la situación es la misma. El jefe comunal kirchnerista, Pablo Javier Zurro, tiene la decisión política de evaluar la posibilidad de que los pehuajenses autogestionen el recurso. Para ello estudian sacar el agua de la localidad de Mones Cazón, donde un estudio que realizó el Instituto Nacional de Agua en la zona certificó una buena calidad del líquido vital.
Desde la Quinta sección electoral, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, también tiene la idea fija de municipalizar la prestación del agua. El mandamás de Cambiemos, que supo manifestar estar “harto” de ABSA, bajó unos decibeles en las últimas declaraciones públicas; pero aun así, el martes 20 de febrero mantendrá una reunión con Sardella, en la que detallará el plan que tiene en mente para lograr absorber el manejo del servicio a nivel local.
Guaminí es otro distrito con intenciones de apropiarse del servicio. Su intendente, Néstor Alvarez, anunció en abril del 2016 que iría por la municipalización, y avanza por este tema en reuniones con funcionarios de Infraestructura bonaerense. Pidió para que Provincia sostenga la planta de trabajadores locales. “No hay otra solución que pasar a la municipalización, es una decisión política”, espetó.
Como sea, con mayor o menor paciencia, los jefes comunales hacen fila para huir de ABSA. La empresa que conduce Sardella perdió 9 municipios desde 2016 a esta parte, y en las gateras se alistan -al menos- 6 ciudades más. La falta de inversión y mantenimiento, sumada a la pésima calidad del agua, chocan de frente con el nivel de recaudación que obtiene en los distritos. Frente a una gestión que hace agua, los intendentes quieren dejar de poner la cara y empezar a responder por un servicio que esté entre sus manos.
Fuente: La Tecla.
