Martes 18 de abril de 2017.
Interpol ingresó en su lista de personas buscadas al comisario de Pergamino Alberto Donza.
La organización policial internacional lo ubicó entre las personas “buscadas por las autoridades judiciales argentinas para su enjuiciamiento” bajo una notificación de alerta roja y menciona los cargos que afronta: “abandono de persona, seguido de muerte”.
Mientras el comisario Alberto Sebastián Donza, responsable de la Comisaría Primera al momento de ocurrida la tragedia, continúa prófugo, Interpol insertó en su lista de personas buscadas por la Justicia los datos personales del comisario y los cargos que afronta, junto a un link para contactarse con la Secretaría General. La placa, a la que aún no se le ha cargado la foto señala: “buscado por las autoridades judiciales argentinas para su enjuiciamiento” y menciona los cargos que se les imputan: “abandono de persona, seguido de muerte”.
El juez de Garantías, Cesar Solazzi había emitido la semana pasada la orden de captura nacional e internacional requerida por el fiscal de la causa, Nelson Mastorchio y a raíz de ello, Interpol colocó una notificación bajo el código de alerta roja junto a los datos de Donza. Alerta roja La organización policial internacional, que trabaja en más de 190 países, tiene en su reglamento ocho tipos de alerta: roja, amarilla, azul, negra, verde, naranja, morada y una notificación especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Se trata, según su estatuto, de “avisos internacionales utilizados por las fuerzas policiales de todo el planeta para comunicarse entre sí información sobre delitos, delincuentes y peligros. La notificación roja, que fue levantada contra Donza, se utiliza para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición.
Según explica el reglamento de Interpol “el fundamento jurídico de las notificaciones rojas es la orden de detención o la sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales del país interesado”.
Fuente: La Opinión
