Corresponde a la provincia de Buenos Aires. Se cobra en la actualidad y los decretos fueron firmados en la Dictadura.
Martes 16 de marzo de 2016.
El diputado provincial Pablo Garate (Frente Renovador), impulsó dos proyectos de ley para que el gobierno de María Eugenia Vidal derogue dos decretos de facto por los cuales se cobra un porcentaje especial de la tarifa eléctrica para destinarla a proyectos que ya no están vigentes.
Uno de los decretos que se busca derogar es el 7290/67, que según explicó Garate “fue sancionado y promulgado el 20 de julio de 1967 por el gobierno de facto de Francisco Imaz, donde se estableció un impuesto al servicio de electricidad cuyo producido integraría el denominado ´Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires´”.
Mientras que el otro decreto que se pide derogar es el 9038/78, que fue sancionado y promulgado por el gobierno de facto de Ibérico Manuel Saint Jean el 27 de abril de 1978, donde se estableció un gravamen adicional del 3% sobre el total facturado por suministro de energía eléctrica a usuarios finales para la financiación de las inversiones que demande la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava, radicación de potencia de base en el área de Bahía Blanca y sus interconexiones.
“El proyecto de construcción de una Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava, fue abandonado hace ya muchos años; mientras que la radicación de potencia en el área de Bahía Blanca ya fue concretada por el Estado”, advirtió el diputado Garate.
Cabe agregar que este monto adicional luego fue incrementado, elevándoselo hasta un porcentual del 5,5% a partir de la sanción y promulgación de la Ley provincial Nº 10431 -en el mes de agosto del año 1986-, estableciéndose en su artículo 1º que dicho recargo “regirá hasta que se cumplan las obligaciones originadas en la obra Central Eléctrica Comandante Luis Piedrabuena”.
En ese sentido, Garate expresó que “con toda claridad, no tiene sentido seguir cobrando a los usuarios de la energía eléctrica de toda la provincia un gravamen impuesto por un gobierno dictatorial y con destino a dos obras, una de ellas finalizada y realizada con recursos nacionales y la otra que nunca se empezó y que hoy requeriría un rediseño o al menos un nuevo estudio de factibilidad”.
Por último, resaltó que "resulta innecesario y gravoso para la población seguir manteniendo lo establecido por la norma sancionada por un gobierno dictatorial, que proponemos derogar”.
“Carece de sentido el gravamen los decretos, en la medida en que incorpora elevados porcentajes adicionales sobre los valores resultantes de la aplicación de las tarifas relacionadas con los consumos eléctricos de cada usuario teniendo originalmente la recaudación impositiva resultante afectaciones específicas vinculadas a la realización de obras eléctricas, las cuales ya no constituyen responsabilidad del Estado provincial que es quien usufructúa de los recargos impuestos a la población”, concluyó.
