Siete presos se cosieron la boca y dicen que el jefe del penal los amenazó y dejó de entregarles las encomiendas que envían sus familias, según informan medios bolivarenses.
Lunes, 27 de abril de 2020
La huelga de hambre en los penales de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la emergencia por Covid-19, llegó a la Unidad 17 de Urdampilleta, donde al menos siete internos se cosieron la boca en los últimos días y denunciaron que el jefe del penal los amenazó y dejó de entregarles las encomiendas que envían sus familias, en su mayoría, desde el conurbano bonaerense.
Un recurso de hábeas corpus colectivo fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que preside el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; en el que se detallan varias denuncias de quienes se encuentran privados de la libertad en el penal de Urdampilleta, más precisamente en el pabellón de Separación del Área de Convivencia y en el de Admisión (ambos conocidos en la jerga carcelaria como “buzones”).
En la presentación judicial, radicada el 16 de abril pasado en el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Azul, y a la que tuvo acceso PRESENTE, se hace mención a que varios presos alojados en los pabellones de aislamiento se encuentran privados de elementos de higiene personal y salud, en un penal que -según relevamientos de la CPM- tiene un 72% de sobrepoblación.
En el mismo, se detalla que fueron “amenazados” por el jefe del penal, quien “a modo de castigo” ordenó dejar de entregarles las encomiendas que les envían sus familias. Aunque no sería la primera vez, ya que la CPM denunció en varias oportunidades “la falta de insumos” alimenticios y sanitarios que “no llegan a las personas detenidas” en los sectores de aislamiento de la Unidad 17.
Frente a la falta de estos elementos, la decisión de los presos en Urdampilleta estuvo en línea con la de varios penales de la zona, como los de General Alvear, Azul y Sierra Chica. Así fue que al menos siete de ellos, según la información a la que accedió este portal, se cosieron la boca y se declararon en huelga de hambre “pacífica”.
Con la presentación del hábeas corpus, la CPM solicitó que se habilite un peritaje en las instalaciones del penal para chequear tanto el estado de salud de los presos como las condiciones de seguridad e higiene. La decisión ahora está en manos del juez Juan José Suárez. [Presente, Noticias de Bolivar y la región]
