La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el anexo del Senado bonaerense su undécimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad. Las estadísticas recabadas por el organismo reflejan un crecimiento de la población carcelaria y también arroja preocupantes cifras sobre constantes violaciones a los Derechos Humanos en unidades penitenciarias y comisarías.
Sábado, 23 de septiembre de 2017
“La Comisión viene trabajando desde hace años con las víctimas de la violencia institucional porque el dolor que ellos sufren y los crímenes que ellos viven no pueden seguir sucediendo”, dijo el copresidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Frente a este escenario, el organismo vuelve a reiterar la urgencia de tomar medidas que reviertan las graves violaciones a los derechos humanos; entre ellas, el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo de prevención de la tortura, tal como lo estipula el protocolo de la ONU.
Con la presencia de más de 800 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales, de la justicia, familiares víctimas de violencia institucional y público en general se presentó en el Anexo del Senado (7 y 49) del “Informe Anual 2017. El sistema de la crueldad XI”.
Entre las personas que acompañaron el acto realizado en el anexo del Senado estuvieron el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, el director general de protección de DDHH de la Procuración Penitenciaria Nacional Ariel Cejas, el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo Walter Martello y Guillermo Berra, director de Asuntos Internos de la policía bonaerense.
“La Comisión viene trabajando desde hace años con las víctimas de la violencia institucional, porque el dolor que ellos sufren, los crímenes que ellos viven no pueden seguir sucediendo”, remarcó el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, y agregó: “En particular, tenemos que pensar dos cuestiones fundamentales del encierro y las políticas de seguridad: por un lado, las condiciones de detención, la superpoblación y el hacinamiento y, por otro lado, la formación de las fuerzas de seguridad: ningún agente puede cumplir órdenes injustas ni debe convertirse en un agente de la represión contra su pueblo del cual forma parte”.
Desde la CPM aseguran que la Emergencia en Seguridad dictada por el gobierno provincia se confirmó una tendencia que se ha sostenido en el último año, con el punitivismo y la mano dura como recetas para combatir el delito. Además señalaron que la justicia no investiga ni castiga la violencia institucional a pesar de que en muchos casos las pruebas son categóricas.
En ese sentido, el copresidente de la CPM, Víctor Mendibil consideró que “es necesario avanzar en la policía judicial, en las fiscalías especializadas y la autonomía de la defensa; todas leyes que están en vigencia pero no se implementan. Y también es fundamental que se designe a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura; hay un proyecto de ley, aprobado por unanimidad en la comisión de derechos humanos del Senado provincial, que reconoce el trabajo de la Comisión como órgano de monitoreo y control de los lugares de encierro. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de 10 años”.
“Nos gustaría presentar un informe donde digamos que no se cometen más torturas en Argentina pero, lamentablemente, la situación es cada año más grave. Y tenemos que seguir acá luchando por otro Nunca Más”, expresó Nora Cortiñas, integrante de la CPM y Madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora.
La mesa que presentó los datos del XI Sistema de la crueldad estuvo integrada por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, su secretario coordinador de la mesa ejecutiva Roberto Cipriano García, la integrante del organismo y madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora Nora Cortiñas, y Cristina Gramajo y Silvia Rosito, madres de dos de los siete jóvenes muertos el 2 de marzo pasado en la Masacre de Magdalena. La mesa fue coordinada por la directora general de la CPM Sandra Raggio. El vicepresidente Mauricio Tenembaum y los miembros Susana Méndez, Yamila Zavala Rodríguez, Víctor De Gennaro y Ernesto Alonso también acompañaron la presentación desde el escenario.
Los datos del Informe
A diciembre de 2016 había 38.681 personas encarceladas en la Provincia; siete meses después, ese número asciende a 41.729. La tasa de prisionización en Provincia es de 245 detenidos cada 100 mil personas, la más alta de los últimos 20 años y supera la tasa nacional de 169 cada 100 mil y la tasa mundial de 144 detenidos cada 100 mil personas. En las unidades penitenciarias, la sobrepoblación en el SPB alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015.
A su vez, el informe revela que el sobre encarcelamiento alcanzó su máxima expresión en las comisarías. En las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Es decir que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. La expresión más grave de este deterioro institucional tuvo lugar el pasado 2 de marzo cuando siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la Comisaría 1ª de Pergamino.
“El testimonio de los sobrevivientes desmintieron desde el primer momento la versión de la Masacre de Pergamino que quiso imponer la Policía. Los seis agentes policiales desoyeron los llamados de auxilio. Pudieron evitar o apagar el fuego pero no lo hicieron”, señaló Cristina Gramajo. “La comisaría 1ª de Pergamino tiene historia: allí operó un CCD durante la última dictadura militar; esta historia de 41 años atrás siguió ocurriendo en silencio. En la masacre del 2 de marzo, el Estado volvió a actuar de manera brutal”, agregó Silvia Rosito.
En esa línea, el secretario de la CPM Roberto Cipriano García señaló: “El Estado repite viejos crímenes y violaciones a los derechos humanos sin ninguna repercusión para la gestión. Hoy se está juzgando, 12 años después, un hecho de similares características ocurrido en 2005 en la unidad 28 de Magdalena donde murieron 33 pibes sin consecuencias para los funcionarios políticos. La justicia no puede convalidar estas violaciones a los derechos humanos no sólo porque estos hechos no deben quedar impunes sino porque, mientras no existan condenas, estos hechos seguirán ocurriendo”.
Durante el 2016, la CPM registró 16.403 hechos de tortura y/o malos tratos, padecidos por 3.054 víctimas, es decir un promedio de cinco por víctimas. “El superpoblación, hacinamiento y la práctica sistemática de la tortura se administran como una forma de gobierno del Servicio Penitenciario Bonaerense en las cárceles; en ese sentido, la anunciada reforma penitenciaria no dice cómo va a revertir el sobre-encarcelamiento ni cómo prevenir la tortura”, concluyó Cipriano García.
En este último año también se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del Estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública: 156 de esas muertes fueron en cárceles; es decir, más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad y el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes.
“A pesar del reconocimiento que se hizo de esta crítica situación por parte de la nueva gestión, la primera respuesta fue la consolidación de las políticas represivas: las emergencias en seguridad sólo sirven para profundizar la crisis que dice atacar y para que las fuerzas policiales actúen sin la intervención de la justicia”, concluyó Roberto Cipriano García.
En ese marco, la CPM volvió a reiterar la necesidad de avanzar en reformas estructurales claves para comenzar a desmontar este sistema penal que viola los derechos humanos: la policía judicial (ley 14.424, pendiente desde el 2012), las fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional (ley 14.687, pendiente desde el 2014), la autonomía de la defensa pública (ley 14.442, pendiente desde el 2012) y, finalmente, la implementación legal y reconocimiento de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, que implica avanzar en el proyecto de ley que ya fue aprobado por unanimidad por todos los bloques de la comisión de Derechos Humanos del Senado provincial.
Fuente: Andar Agencia
