El Presidente pidió redactar el borrador de un decreto para nombrar a un interventor. Se da en el marco de una guerra entre las empresas del sector.
Domingo, 29 de enero de 2017
Mauricio Macri decidió meterse de lleno en lo que hasta ahora se venía conociendo como “la guerra de las prepagas”, que están protagonizando OSDE y Swiss Medical, las dos principales empresas del sector. En una reunión con el equipo del Ministerio de Salud, el Presidente pidió que se preparara un borrador de un decreto para intervenir OSDE como respuesta a la multimillonaria deuda que la firma acumuló con el Estado durante más de dos décadas.
El gran interrogante que se abre ahora es si verdaderamente el Gobierno evalúa intervenir la principal empresa de salud privada –tiene más de dos millones de afiliados–, o si es una carta que planea utilizar para presionar a OSDE en la negociación. Todavía no se hizo público, pero la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) determinó que la deuda de la polémica asciende a $ 11.948 millones.
Perfil tuvo acceso al borrador que fue armado desde la SSS, que no sólo es una prueba de que la idea de intervenir está siendo evaluada, sino que también enumera todos los argumentos oficiales existentes para explicar la trama detrás de la deuda. Fuentes de la Casa Rosada ratificaron que Macri pidió que se elaborara ese texto y ampliaron que ya recibió una copia.
Desde OSDE afirmaron que no harán más declaraciones a los medios y que su postura quedó plasmada en la solicitada que publicaron el fin de semana pasado en los principales diarios. Allí apuntaron contra Swiss Medical y su titular, Claudio Belocopitt. Lo acusan de mentir y de tener “intereses comerciales” detrás de la denuncia. De todas formas, en las últimas semanas algo cambió: ahora OSDE acepta que está negociando esa deuda.
LA DENUNCIA
La semana pasada, la firma de Belocopitt presentó una denuncia (primero ante la SSS y después en la Justicia) en la que acusa a OSDE y a los ex funcionarios del organismo por defraudación al Estado. El problema nació en la década del 90, cuando a las obras sociales se las habilitó a incorporar afiliados “adherentes”, por fuera de los que las elegían de forma obligatoria por sus trabajos. Por cada uno de esos afiliados adherentes las obras sociales de personal de dirección le debían pagar un 15% al Estado (hasta 2011 cuando se cambió la ley) para aplicarlo a un Fondo Solidario de Redistribución, que se reparte entre todas las obras sociales.
En 1998, ese organismo inició una denuncia ante la Justicia contra OSDE y decenas de obras sociales más. Muchas negociaron. Otras ya tuvieron sentencia en contra. Pero la de OSDE estuvo empantanada por un recurso que resolvió la Corte Suprema recién en 2013. En el medio, las diferentes autoridades de la SSS dejaron pasar el tiempo y no iniciaron ningún juicio ejecutivo para cobrar la deuda.
LA GUERRA
La relación Belocopitt-OSDE arrastra décadas de enfrentamientos. Swiss Medical siempre se quejó de que su competidora, como en los papeles es una obra social, está exenta de pagar diversos tributos que sí pagan las empresas de medicina prepaga. OSDE responde que sigue siendo una organización sin fines de lucro, a diferencia de Swiss Medical, Galeno, Medicus y el resto de las competidoras. Según fuentes del mercado, el sector tuvo en 2016 una facturación estimada en los $ 100 mil millones.
Para Belocopitt, representa “el hecho de corrupción más emblemático de la Argentina”. Los de OSDE replican que la deuda nunca fue determinada por la SSS, que ya hay una causa en la Justicia (es la que está desde 1998 en el juzgado 5 del fuero de Seguridad Social), y que por eso nunca hubo una instancia para definir el pago. Y alegan que Swiss Medical no quiere que OSDE construya un sanatorio en Mendoza y que se quede con la cartera corporativa de Wal-mart, y que por eso inició esta “operación política comercial”.
En OSDE, además, creen que el superintendente, Luis Scervino, es funcional a los intereses de Swiss Medical. Se trata de un médico ligado al sindicato de Obras Sanitarias, que conduce José Luis Lingeri. En su entorno, responden que está manteniendo una postura “equilibrada”. “Y el que debe la plata es OSDE”, retrucan.
El 9 de enero, en Olivos, en una reunión de seguimiento de la gestión en Salud, los funcionarios le presentaron esta situación a Macri. Ahí pidió que se realice el borrador del decreto. En la Rosada, el tema salud lo sigue Gustavo Lopetegui, quien el lunes vuelve de vacaciones. Ahí empezará el momento de las definiciones.
El fiscal evalúa hacer una denuncia penal
La polémica por la deuda que OSDE mantiene hace décadas con el Estado no se analiza por estas horas solamente en el Gobierno, sino también en la Justicia.
El fiscal Gabriel De Vedia, a cargo de la Ufises (Unidad Fiscal de la Seguridad Social), tiene un expediente abierto. Ya pidió información al juzgado que sigue la causa iniciada en 1998, al Congreso por un informe que había realizado la AGN y a la SSS.
Con esa información en su poder, De Vedia está evaluando seguir dos caminos.
Por un lado, podría presentar una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra los ex funcionarios de la Superintendencia y contra los directivos de OSDE. A estos últimos por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Fuentes judiciales señalaron que el fiscal efectivamente considera que la empresa esquivó el pago del aporte desde 1990 hasta 2011. Los funcionarios, en tanto, son responsables por omisión, incumpliendo así a los deberes de funcionario público.
Por otra parte, De Vedia le debe responder a la SSS su opinión sobre este conflicto. Al respecto, se pudo saber que se encaminaría a opinar que el organismo debe determinar las deudas de todas las obras sociales (no sólo de OSDE) y que no se puede admitir una quita. Sí, en cambio, un plan de pagos, para no comprometer la prestación del servicio de salud.
La discusión que vendrá, en tanto, es si una parte de esa deuda ya prescribió o no.
